Dos empleados del grupo Nueva Rumasa imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares han solicitado a la juez Mercedes Alaya el archivo de las actuaciones porque únicamente realizaron tareas administrativas y se limitaban a seguir las "instrucciones" de su "jefe", Francisco Javier Ruiz-Mateos.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Javier Bertola y Alfonso Espinosa señala que ambos comenzaron a trabajar para el grupo en 2001 y 1999, respectivamente, de manera que desde su incorporación y hasta que fueron despedidos en 2011 "trabajaron como administrativos a las órdenes" de Francisco Javier Ruiz-Mateos.
De esta manera, su intervención en la realización de pagos y retirada de efectivo "no ha sido negada" por ninguno de los dos, quienes no obstante "han reconocido que desconocían los negocios que justificaban tales operaciones, que no tenían obligación ni necesidad de conocerlas en tanto que realizaban únicamente tareas administrativas y que se limitaban a seguir las instrucciones de su jefe", como era el mencionado hijo del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos.
Además, se trataba de operaciones "en las que mediaba una entidad bancaria" y su puesto como administrativos "les colocaba al margen de las tareas de dirección de la entidad y de cualquier toma de decisiones", de manera que "sus atribuciones y responsabilidades nunca traspasaron las propias de su puesto, nunca les fueron otorgados poderes de ningún tipo y tampoco tenían disposición sobre los fondos de la compañía".
Así, añade, "no constaban como apoderados en ninguna de las cuentas corrientes titularidad de la compañía, por lo que las retiradas de efectivo siempre fueron acompañadas de las correspondientes órdenes" de Ruiz-Mateos.
Al hilo de ello, el abogado dice que la imputación a ambos de sendos delitos de malversación y tráfico de influencias "se basó en la creencia errónea de que se trataba de directivos y que serían conocedores del tráfico de influencias a favor del grupo ejercido ante la Junta" por el 'conseguidor' Juan Lanzas, "siendo ellos los que efectivamente ordenarían los pagos a éste".
"Ninguno de estos extremos se ha acreditado, quedando sin fundamento la imputación" de ambos, ya que, "nada más lejos de la realidad, no ostentaron en ningún momento el cargo de directivo y tampoco ningún puesto de responsabilidad que conllevara atribuciones o facultades de dirección o de disposición".
La labor de ambos "se limitó a la propia de administrativo, por lo que "carece de lógica entender que fueron ellos quienes ordenaron los pagos irregulares". "Ninguna prueba se ha aportado a esta causa --ni poderes, ni acuerdos del consejo de administración en los que participaran, ni cuentas corrientes donde aparezcan como titulares, ni órdenes de pago firmadas por ello-- que evidencie que lo que ambos declararon" ante la juez "es incierto".
Además, "tampoco se ha podido acreditar que conocieran las supuestas irregularidades del grupo Nueva Rumasa ni por Juan Lanzas, a quien ni siquiera conocen", dice el abogado, que recuerda que en una causa seguida en Madrid se produjo una "situación parecida" al entender el juez que eran directivos de alguna de las entidades del grupo, aunque esta situación "fue inmediatamente revertida tras su declaración judicial" y se acordó el archivo de la causa.
Por último, recuerda el "criterio" seguido por la magistrada respecto a otras dos imputadas, administrativas de Vitalia, respecto de las cuales archivó la causa, concluyendo que la imputación "carece de fundamentación" y por tanto la condición de ambos en la causa "debe ser la de testigo".
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