La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha reclamado este lunes la convocatoria "urgente" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que se abra el debate sobre el modelo de financiación autonómica.
En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar el seminario 'El Estado Autonómico en tiempos de disciplina fiscal', la consejera de Hacienda y Administración Pública ha deseado que "más temprano que tarde" se abra este debate, aunque "no hemos tenido ningún tipo de gesto" por parte del ministro del ramo, Cristóbal Montoro.
"Es urgente, hay comunidades, entre las que se encuentra Andalucía, que están infrafinanciadas por un modelo que no está pensado para momentos en los que hay un caída importante de ingresos", ha explicado la consejera. No obstante, ha destacado que "no ha habido noticia" de Montoro, que trasladó que "iba a esperar a que pasaran las europeas para hacer la convocatoria del CPFF".
Asimismo, Montero ha alertado de que las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis económica "afectan con más intensidad a las comunidades con menor nivel de renta", al ser mayor el peso del sector público en el conjunto de su economía, lo que está "ocasionando una vuelta atrás en el proceso de convergencia regional en nuestro país, al aumentar nuevamente las disparidades regionales".
Montero ha criticado la normativa desarrollada en los últimos años, que "ha socavado la autonomía política y financiera" de las comunidades. Más aún, ha lamentado que el Gobierno del PP ha eludido el debate público a través de decretos-leyes, "aprovechando deslealmente su posición de fuerza en relación con la dificultad de acceso a la financiación, e imponiendo una visión vertical y subordinada de las administraciones periféricas al Gobierno central, que no se corresponde ni con la letra ni con el espíritu de la Constitución y que ha provocado un incremento de la conflictividad ante el Tribunal Constitucional".
En el seminario, organizado por el Centro de Estudios Andaluces y la Fundación Manuel Giménez Abad, la titular de Hacienda ha explicado que, desde la apertura del Procedimiento de Déficit Excesivo contra España en 2009, se ha "alterado de manera significativa el equilibrio institucional consagrado en la Constitución".
A juicio de Montero, con los actuales objetivos de consolidación se exige a las comunidades que reduzcan su déficit hasta el 0,2 por ciento del PIB en 2016 "adelantando inexplicablemente el plazo establecido en la Ley".
"La realidad es que han sido las administraciones territoriales las que hasta el momento han realizado todo el ajuste, y además lo han hecho en los años 2012 y 2013, en los que peor se ha comportado la economía", ha afirmado Montero. Por ello, ha reiterado su rechazo a la decisión del Gobierno central de renunciar a tres décimas del límite de déficit establecido para el conjunto de Administraciones Públicas en 2014, en lugar de ceder estas 3 décimas a las comunidades.
Según ha argumentado la consejera, es razonable que después de varios ejercicios en los que las comunidades han realizado "ingentes esfuerzos para ajustar los gastos, contar con tres décimas adicionales nos puede permitir acompasar nuestras necesidades de gasto a la espera que la mejoría económica se traslade a nuestra capacidad de obtener mayores ingresos".
En su opinión, el déficit es, en las condiciones actuales, un elemento insustituible en los ingresos públicos para poder financiar servicios como educación o sanidad. "Y 3 décimas supondrían para Andalucía 420 millones de euros adicionales" ha insistido.
OBETIVOS DE DÉFICIT DIFERENCIADOS
Junto a ello, Montero ha reiterado la reivindicación del Gobierno andaluz de que se fijen objetivos diferenciados de déficit basados en criterios objetivos "porque la realidad es asimétrica y la asignación de niveles de déficit iguales y referenciados al PIB no financia los mismos servicios en todas las comunidades, ya que las que tienen un menor nivel de renta son las más perjudicadas". Por eso, ha opinado que "las normas de estabilidad lastran el crecimiento de las comunidades con menos renta".
Además, la consejera ha subrayado que no todas las comunidades tienen el mismo margen para reducir sus gastos, recordando que Andalucía es la comunidad con un menor gasto corriente primario por habitante, el 88 por ciento de la media, por lo que "el margen para nuevos ajustes es muy inferior, porque ya somos la que menos gasto corriente realizamos".
INFORME
Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Manuel Medina Guerrero, ha elaborado el informe 'El impacto de la disciplina fiscal europea en el funcionamiento interno de los Estados descentralizados', en el que concluye la disciplina fiscal del Estado Español a las comunidades es "la más estricta de la Unión Europea (UE)".
El informe, publicado por el Centro de Estudios Andaluces, analiza la disciplina fiscal impuesta por la Unión Europea, las medidas que se han tomado en España con la reforma del artículo 135 de la Constitución y la entrada en vigor de la Ley Orgánica 02/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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