El Partido Popular quiere que la Junta de Andalucía aborde una mejora integral de su política de tesorería para que no se repita el "abono de más de 250 millones de euros en los últimos años en intereses de demora" por el retraso en el pago de las obligaciones contraídas "por incumplimiento de los plazos establecidos".
Así figura en una moción que defenderá el próximo jueves en el Pleno del Parlamento, donde también insta al Ejecutivo andaluz a "agilizar los procedimientos de pago de ayudas y transferencias" a entidades locales, universidades, empresas, familias y entidades sin fines de lucro con "estricto cumplimiento de la normativa que las regulan para solucionar el sistemático retraso en el pago de dichas transferencias y ayudas".
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A también demanda al Gobierno que preside Susana Díaz la aprobación de un "un plan de pago para proveedores y prestatarios de servicios públicos con la finalidad de erradicar la morosidad de la administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales".
Según los 'populares', dicho plan debe incluir, entre otras medidas,
el "abono urgente de la deuda comercial en mora con proveedores y prestatarios de servicios públicos"; el "cumplimiento estricto" de la normativa que obliga a las administraciones públicas "a pagar a sus proveedores en 30 días"; y la agilización de procedimientos de reconocimiento de obligaciones para "reducir los trámites desde la emisión de factura por el proveedor hasta la recepción y aceptación de conformidad por la Administración de dicha factura".
PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA DEUDA Y EL COBRECOSTE POR INTERESES DE DEMORA
El PP también quiere que la Junta publique "con periodicidad mensual los importes de las deudas con proveedores y prestatarios de servicios públicos, especificando qué cantidades están en situación de impago y cuál el sobrecoste por generación de intereses de demora que dicha circunstancia está causando".
Por último, el Grupo Popular solicita la "reforma del sistema de fondos carentes de personalidad jurídica financiados con recursos propios, para hacer más ágil el procedimiento de análisis, formalización y pago de las solicitudes, para que las empresas y autónomos obtengan la necesaria financiación prometida, y para la salvaguarda de los recursos públicos y su garantía de retorno al fondo reembolsable".
En su opinión, esta reforma se justifica "por el bajo nivel de utilización y desembolso de dichos instrumentos y por el incremento de las provisiones por insolvencia registrado en los últimos ejercicios".
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