La transmisión de la titularidad de 182 viviendas de Vallesequillo II provocó ayer un cruce de acusaciones entre una plataforma de afectados, la asociación de vecinos, el grupo socialista y el propio Ayuntamiento. Por la mañana, y en la sede del grupo municipal socialista, una plataforma encabezada por Soledad Barroso y el abogado Raúl Píriz aseguró que el Ayuntamiento estaba reclamando a los vecinos el abono de los costes de transmisión de las viviendas después de que en junio de 2013 finalizara el periodo de abono de alquileres dispuesto inicialmente en el contrato suscrito en su día con la extinta Gerencia Municipal de la Vivienda (Gmuvisa), de 20 años de duración.
Ya por la tarde, la presidenta de la asociación de vecinos, Carmen Vázquez, expresó su sorpresa ante esta denuncia argumentando que el problema se encuentra ya resuelto después de las múltiples reuniones mantenidas en estos últimos meses por el colectivo con representantes del Gobierno local.
El caso es que los afectados se encontraron hace unos meses con la sorpresa de que el Ayuntamiento -como titular de los inmuebles- les reclamaba el abono de los gastos notariales e impuestos de transmisión propios de cualquier operación de compraventa, cuyo importe oscila entre 9.500 y 12.000 euros, respectivamente. Además, han visto cómo el Consistorio ha seguido cobrando alquileres más allá del periodo de veinte años inicialmente previsto.
Ante esta situación, un grupo de familias afectadas decidieron constituir una plataforma con el objetivo de unir fuerzas y presionar al Ayuntamiento. Los representantes de este colectivo advirtieron ayer de que pasarán a la acción en caso de que el Gobierno no asuma los costes de transmisión de las viviendas.
En principio tienen previsto convocar movilizaciones e incluso presentar una denuncia por prevaricación. Raúl Píriz, que es uno de los abogados de los afectados, calificó ayer de “cacicada” la actitud del Ayuntamiento, que “no sólo conculca el derecho de propiedad de 182 vecinos de una barriada humilde y trabajadora, sino que pretende recaudar injustamente a quienes menos tienen y con el mayor de los desprecios, la imposición autoritaria y la negativa al diálogo”.
El portavoz del grupo municipal socialista, Luis Flor, lamentó igualmente el “afán recaudatorio” del Consistorio. Soledad Barroso, como portavoz del colectivo de afectados, también lamentó que con esta postura el Gobierno local esté perjudicando “a una de las zonas más humildes de Jerez”, insistiendo en la idea de que “no puede justificar de ningún modo el incumplimiento del contrato que hace veinte años firmaron los vecinos con el Ayuntamiento”.
Según Barroso, los afectados han tratado de establecer un diálogo con el Consistorio, no habiendo encontrado aún una respuesta que satisfaga sus intereses. Según Raúl Píriz, el Ayuntamiento está de hecho “dejando pasar el tiempo” sin ofrecer otra alternativa a los vecinos que la de asumir los gastos notariales y de transmisión de la propiedad de los bienes inmuebles.
Incredulidad en la AVV
Carmen Vázquez expresó su incredulidad ante estas afirmaciones, lamentando que en todo este tiempo los integrantes de la plataforma no se hubieran interesado por conocer el contenido de las conversaciones que se venían manteniendo con el Ayuntamiento.
Esa negociación ha permitido, entre otras cosas, que el Consistorio reconozca que en 1993 se produjo un “error político” a la hora de redactar los contratos, cargando sobre los vecinos unos gastos que no debían asumir.
Por este motivo, el Ayuntamiento ha “subvencionado” esos gastos notariales a los afectados, permitiendo que en nueve casos las viviendas se encuentren ya escrituradas sin coste alguno para sus ocupantes. “Tenemos que agradecer el apoyo que nos ha prestado en todo momento Antonio Saldaña, asumiendo que no era justo que los vecinos pagasen estas cantidades”, explicó la presidenta de la asociación de vecinos, que cree que la plataforma no representa “a más de catorce familias”.
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