La defensa del principal imputado por el secuestro y muerte de la niña onubense de 16 meses de Palma del Condado (Huelva) Míriam ha solicitado este jueves al juez instructor que se proceda con "urgencia" a "localizar y a tomar declaración" al vecino de Fiñana a quien Jonathan Moya ha acusado de forma "clara, directa y diáfana" de ser autor material del crimen.
El escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 2 reproduce la petición verbal que realizó este miércoles el abogado José Ramón Cantalejo durante la comparecencia de la Ley del Juzgado que se celebró con la presencia de Raúl R.F., coimputado por presunto encubrimiento aunque la Fiscalía ha interesado el sobreseimiento de la causa para él, y la madre de la menor, Gema Cuerda.
Entre las diligencias de prueba solicitadas con carácter de urgencia, consultadas por Europa Press y a la espera de ampliación, se solicita, asimismo, que se proceda por la Policia Judicial de la Guardia Civil a mostrar "fotos de los archivos de delincuentes" a Moya González "a fin de localizar al presunto padre biológico de la menor fallecida", a quien también implica en la presunta trama en torno al rapto y muerte de la bebé.
La defensa también pide al juzgado que se ordene "la reconstrucción parcial" de los hechos acaecidos entre los días 23 y 27 de diciembre de 2012 en el municipio de Fiñana "según la versión de ofrecida" por el principal imputado en su tercera declaración en sede judicial.
La persona a la que Moya González acusó es un vecino de la comarca donde se produjeron los hechos. Según explicó, esta se "cayó con la pequeña corriendo por un monte". Ante el juez, volvió a insistir en el móvil que ya esbozó hace meses y que pasa por una presunta "venta" de la menor a instancias de su padre biológico, según informaron a Europa Press fuentes cercanas al caso.
Cabe recordar que en los informes biológicos sobre las muestras recogidas en el lugar donde apareció el cadáver que figuran en el sumario se recogen "alelos extras de procedencia desconocida" que fueron detectados en las perneras de los leotardos que vestía" y la presencia "de un cabello en una de sus manos" cuyo ADN no coincidiría con las que son las características genéticas ni de los investigados hasta el momento ni de la madre de la menor, Gema Cuerda.
La defensa de Moya González interesa, por último, que se le realice un examen psicológico por el que se informe al juzgado sobre el "perfil psicológico respecto a la comisión de delitos violentos y, en especial, sobre su si existe predisposición, disposición o indisposición para este tipo de delitos".
Sobre la implicación de personas no imputadas en los hechos, la Guardia Civil elaboró un informe que obra en la causa en el que "desmentía", tras unas intensas gestiones en diversas provincias andaluzas y en Extremadura, la existencia de otras dos personas a las que señaló como implicadas en los hechos.
"Las gestiones realizadas han sido contundentes a la hora de desmentir la existencia" de ambos, por lo que, según remarca el citado informe, "puede considerarse sin ningún género de dudas que Jonathan Moya mintió" durante su ultima declaración en abril de 2013.
Las actuaciones confirman, por otro lado, la presencia de ADN de Moya González en los films de plástico que envolvían el cuerpo de la niña, hallado en el interior de un bolso siete días después de su desaparición en una balsa de riego próxima al Cortijo Torre de Márfil, en Fiñana.
La madre de la menor calificó este miércoles de "absoluto disparate" la versión ofrecida por el presunto autor del crimen y afirmó no conocer "para nada" a la persona a la que ha acusó de haber perpetrado materialmente la muerte. Por su parte, su abogado, Julián Cazorla, apuntó a que "carece bastante de credibilidad" y consideró "claro" que hay "prueba suficiente para incriminarlo".
Su defensa alegó que la versión ofrecida por Moya González "sobre el tracto temporal de los últimos momentos" de vida de la bebé es "coherente" con "algunas de las pruebas periciales" que obran en la causa y subrayó que existen "grandes claroscuros en la causa" mientras que Carlos Ferre, abogado del coimputado por presunto encubrimiento, afirmó que no es "descabellada".
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