La Fiscalía se ha opuesto a que sea imputado el exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteserín (PSOE) por las presuntas irregularidades en las ayudas al desarrollo de la Fundación DeSevilla, un caso en el que ya está acusado el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU).
Fuentes judiciales han informado hoy a los periodistas de que la oposición se basa en que no existen indicios suficientes de que el exalcalde pudiera haber cometido un delito de prevaricación, con independencia de los posibles defectos administrativos en la tramitación de los expedientes.
Además, aunque el interventor municipal hizo constar por escrito sus reparos, no lo hizo en las reuniones previas a la Junta de Gobierno, cuando se consideró que la no justificación de ayudas previas estaba suplida por un aval, aunque luego se demostró ineficaz.
El fiscal entiende también que en la actual fase del proceso la investigación está restringida al expediente 98/08, consistente en 990.000 euros para 13 proyectos en Cuba, Nicaragua y Palestina, y no a otras subvenciones que denuncia la Fundación DeSevilla.
Los actuales responsables de la Fundación, con mayoría municipal del PP, habían pedido la imputación de Sánchez Monteseirín y los concejales que asistieron a las juntas de gobierno en las que se aprobaron las ayudas denunciadas.
La petición se basó en la declaración como testigo ante el juez de instrucción 16 de Sevilla del interventor municipal, según el cual la Junta de Gobierno Local aprobó "por unanimidad", "sin deliberación" y "a sabiendas de las discrepancias" la ayuda del expediente 98/08.
Los actuales responsables municipales pidieron que fuesen imputados, además de Sánchez Monteseirín, los exconcejales Juan Antonio Martínez Troncoso, Josefa Medrano, María Esther Gil Martín, Francisco José Hernández Sánchez, Alfonso Mir del Castillo, Isabel Montaño y Carlos Vázquez, pertenecientes al PSOE e IU.
Por el caso de la Fundación deSevilla están ya imputados el anterior primer teniente de alcalde Torrijos, el exconcejal Carlos Vázquez Galán (IU) y el exgerente de la Fundación Miguel López Adán.
El escrito de la Fundación pidió ampliar las imputaciones a los expedientes 19/06 y 37/09, en los que "se observa claramente su paralelismo con el expediente 98/08 y la comisión de hechos delictivos de la misma naturaleza".
Por el primero de ellos, Alberto Morilla como delegado de Cooperación al Desarrollo, y Domingo Enrique Castaño, como representante de la Fundación, acordaron la concesión de una subvención de 150.000 euros para tres proyectos de consumo sostenible de agua y eliminación de fugas en las instalaciones domésticas de La Habana, otro de mejora del proceso de potabilización del agua en Nuackchot (Mauritania) y otro para la gestión ambiental de residuos sólidos en la playa de Varadero (Cuba).
Respecto al expediente 37/09, implicaba una subvención de 713.315 euros a la fundación que "contó desde su inicio con los informes en contra del interventor", quien denunció que "se aprobó por la vía de urgencia sin el previo informe de esta dependencia".
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