Las partes implicadas en el caso Acinipo han recibido nueva documentación del caso, referida especialmente a las tareas de asfaltado que a principios de 2010 se llevaron a cabo en la ciudad, y sobre las que los investigadores de la Policía mantienen sus sospechas tras recibir un informe de la Diputación Provincial, documentación también novedosa entrega a las partes; asimismo, se ha remitido a los implicados un escrito del fiscal relativo a nuevos documentos aportados al Ministerio Público por José Rodríguez de la Borbolla que confirmarían que, tal y como defendió el expresidente andaluz, su condición de consejero permanente del Consejo Consultivo no implica que sea un alto cargo.
En relación al primero de los asuntos, el referido al asfaltado, a lo largo de poco más de una decena de folios remitidos al Juzgado por el Grupo II de la Udyco Costa del Sol, los agentes de la policía mantienen ante la jueza la tesis de que diversos responsables municipales pudieron cometer un delito de prevaricación al presuntamente fraccionarse el contrato de las tareas de asfaltado que se acometieron en la ciudad durante los primeros meses del año 2010.
En los documentos, a los que ha tenido acceso RONDA SEMANAL, los investigadores defienden ante la jueza tales extremos, basándose ahora además en sendos documentos remitidos por la Diputación Provincial de Málaga, institución ante la que se recabó información por parte de la policía. Aludiendo los agentes a distintos documentos oficiales del propio Ayuntamiento, como certificados de la Secretaría General o incluso noticias aparecidas en prensa o las propias conversaciones telefónicas tras los pinchazos, los agentes opinan que el exalcalde de la ciudad habría optado por “comenzar a asfaltar cuanto antes”, cosa que ocurrió “en el mes de marzo” de 2010, dividiéndose para ello “en dos ocasiones una misma partida de dinero, destinándolo a un mismo receptor”, en referencia a una misma empresa. La Policía afirma que se “facilitó” la conversión de lo que opinan que en realidad era una licitación de procedimiento negociado con publicidad en un procedimiento negociado sin publicidad y en dos contratos menores, pensando la Udyco que tales extremos se debieron a que las obras habían empezado antes de negociarse los propios trabajos, y señalando por tanto un presunta prevaricación administrativa.
BORBOLLA
Por otra parte, el Fiscal Anticorrupción ha remitido a la jueza un escrito remitido al Ministerio Público por José Rodríguez de la Borbolla, que concluye que el expresidente no es alto cargo de la Junta por su condición de consejero permanente del Consejo Consultivo de Andalucía. Es un informe elaborado por el Gabinete Jurídico de la Junta que indica como la condición de miembro permanente del Consultivo es inherente a cualquier expresidente, algo precisamente incompatible con la condición de alto cargo, sin estar por ello sujetos estos consejeros al régimen de incompatibilidades de esos altos cargos.
La Junta avala con este informe las tesis de Borbolla, quien ha venido defendiendo hasta ahora haber infringido ese régimen de incompatibilidades por haber asesorado una empresa suya un procedimiento sobre el que después debía informar el propio Consultivo, en concreto el relativo a la transformación del uso de los suelos de la antigua feria para la construcción en estos terrenos del centro comercial Eroski.
¿NUEVOS FOLIOS?
Llama la atención entre todos los documentos entregados a las partes alguna alusión a documentos y folios, al parecer del sumario, que no conocerían las partes, según algunos implicados consultados por RONDA SEMANAL.
Así, la Policía hace referencia en su informe a los “documentos 15.076 y 15.077 intervenidos en el registro efectuado en el Ayuntamiento de Ronda”, cuyos contenidos desconocerían los implicados. Cabe recordar que los folios entregados a las partes tras levantarse la totalidad del sumario alcanzaban los en torno a 8.000.
Por otra parte, entre los documentos aparece una providencia de la jueza negándose la magistrada a devolver a uno de los empresarios de Eroski implicados en la causa, J.M.Y.C., el dinero que había en una caja de seguridad intervenida en Bancaja. La llave de dicha caja fue intervenida en el momento de su detención; el interesado ya dijo a la jueza que gran parte de ese dinero era de su familia y que no tiene relación con la investigación.
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