El Consejo Andaluz de Personas Mayores reivindica la vuelta al Pacto de Toledo, la concertación social, la revalorización de las pensiones según el IPC, compensando las pérdidas de poder adquisitivo de los años 2011, 2012 y 2013, y que se tomen medidas eficaces para "garantizar" la igualdad de derechos para todos, frente a las medidas "drásticas" de recortes que se han instalado en la agenda del Gobierno central y que "afectan directamente a todos los colectivos sociales y, mayoritariamente, al de mayores".
Así se expresa el Consejo de Mayores, un órgano consultivo de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales que el pasado febrero renovó sus miembros, a través de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que también ponen de manifiesto su "rechazo y disconformidad" antes medidas como la "práctica eliminación" de la Ley de Dependencia con la rebaja de la aportación que corresponde el Ejecutivo de Rajoy --de un 28% frente al 50% que le corresponde--; la reforma laboral, que va en detrimento de sus pensiones; o la estafa de la preferentes.
Así, aluden al último informe de 'Cáritas Diocesana', según el cual hay 1,5 millones de hogares que se encuentran en situación de exclusión severa, casi el doble que hace seis años, y que al menos, en uno de cada cinco hogares con todos sus miembros en paro, vive alguna persona mayor de 65 años, "cuya pensión se hace imprescindible". En este sentido, destacan que los ingresos provenientes de las pensiones "han cobrado un mayor protagonismo
en las economías familiares, pasando a ser el ingreso principal del 31,4 por ciento de los hogares españoles".
Y eso, continúan, pese a que "España está a la cola de los países europeos en cuanto a las pensiones se refiere, con unas pensiones tan bajas, que casi el 40 por ciento de los pensionistas viven por debajo del umbral de la pobreza"; a lo que hay que sumar los problemas de la vivienda que se han incrementado hasta en un 36 por ciento y se han producido 67.189 desahucios en el 2013, muchos de los cuales afectan directamente a las personas mayores de avanzada edad.
Asimismo, en el citado manifiesto también lamentan los "graves" recortes sufridos en Sanidad, que, a juicio del Consejo, "tienen repercusiones negativas" en la salud y bienestar de los mayores, con el incremento del gasto sanitario y la retirada de más de 450 fármacos de la financiación pública --medicamentazo---. Del mismo modo, rechazan la exclusión de algunos colectivos del sistema y el 'repago' al que se ven sometidos.
Además, critican la "reformulación" de la 'Ley de Dependencia' que "considera ahora como colectivo no prioritario a las personas con dependencia moderada y pervierte uno de los objetivos de la Ley --su carácter preventivo--, lo que significará un incremento de las personas en esta situación que no se verán beneficiadas por la ley hasta el año 2015", así como la retirada del pago de la Seguridad Social a las personas cuidadoras, principalmente mujeres que "verán mermadas sus futuras pensiones por esta causa".
SOLICITAN "UNA REFORMA ESENCIAL DE LOS IMPUESTOS"
En relación a las futuras pensiones, el Consejo de Mayores muestra también su rechazo por la reforma laboral, que "va en detrimento de las mismas", y de la bajada del salario mínimo interprofesional, por lo que significa "de pérdida para la caja de la Seguridad Social y, por tanto, para sus pensiones". Igualmente, solicitan "una reforma esencial de los impuestos" ante el aumento del IRPF y, añade, "lo más de 50 impuestos y tasas entre nuevos y existentes" y su oposición a la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, que implica la desaparición de Servicios Sociales Comunitarios y alguno municipales.
Por otra parte, el Consejo también expresa su malestar por el recurso interpuesto por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional en contra de la 'Ley Andaluza Antidesahucios' y su efecto en las personas mayores; por la estafa de las preferentes, ante la que piden una solución "favorable"; por los recortes en las medidas preventivas y económicas contra la violencia de género, porque "cada día aumenta la proporción de mujeres mayores víctimas de violencia de género"; y por el recurso interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional en contra de la subasta de medicamentos de la Junta "para reducir el coste de los mismos".
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