Agentes de la Guardia Civil han imputado a 18 personas, todas de nacionalidad rumana, como presuntos autores de un delito de falsificación de documento público y otro de estafa, en relación a altas fraudulentas en la Seguridad Social para inmigrantes.
Según informa en un comunicado, la investigación que se ha centrado en la provincia de Huelva, aunque ha tenido ramificaciones en Lérida, Badajoz y Segovia, ha sido dirigida por el Equipo de Atención al Inmigrante (Edati) que la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva tiene establecido en Palos de la Frontera.
Esta unidad ha actuado en estrecha colaboración con las administraciones públicas y cooperativas agrícolas de la zona y así se ha permitido desenmarañar la red de distribución de documentos falsos vendidos por esta red de personas.
El punto de arranque de esta investigación fue la detección de un individuo vecino de Palos de la Frontera que se dedicaba a la confección de documentos falsos de altas en la Seguridad Social utilizando diversos equipos informáticos de su propiedad. Posteriormente estos documentos eran vendidos a otros inmigrantes que no cumplían con los requisitos legales para la obtención de un permiso legal, lo que suponía un importante fraude tanto al tesoro público como a los empresarios que contrataban a los portadores de los documentos.
Tras realizar los trabajos operativos necesarios para el esclarecimiento de los hechos, este individuo fue detenido por los agentes de la Guardia Civil. Con posterioridad se ha imputado a otras 17 personas, todas ellas por su relación con los mismos hechos.
Desde el mes de octubre del pasado año 2013, momento en que fueron descubiertas las actividades ilícitas del detenido, se han venido efectuando numerosas gestiones, tanto con la Tesorería de la Seguridad Social, como con el Instituto Nacional de Empleo o con diversas cooperativas agrícolas que se vieron afectadas por las actividades delictivas que se cometieron por el detenido y por los adquirientes-usuarios de la documentación falsificada.
El resultado de la larga investigación se ha dilatado durante estos meses debido a la compleja red de compradores y usuarios de los documentos, además de la gran movilidad de los mismos por todo el territorio nacional.
La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que, en unión de los detenidos e imputados, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Moguer.
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