En la presentación del informe "Derechos Humanos en la Frontera Sur 2008", Brigitte Espache, responsable de cuestiones internacionales de la Asociación, aseguró que los fallecidos documentados en 2008 en aguas mediterráneas y atlánticas fueron 581 (340 menos que en 2007), los fallecidos en total debieron ser unos 2.900, puesto que "el desierto se cobra tres veces más vidas" que el mar.
Espache acusó al Gobierno español de crear una "alarma social" con los inmigrantes que llegan clandestinamente a las costas españolas, cuando estos sólo suponen el 2% del total, mientras que el 85% llega a aeropuertos y el resto pasa por los Pirineos, de ahí que considerara desmesurado el gasto efectuado en vigilancia en el Estrecho.
Además, denunció que cada vez sean más los interceptados en el mar, una cifra que elevó a 20.000 en 2008, lo que contraviene varios convenios internacionales y la Declaración de Derechos Humanos, por no ser la inmigración irregular un delito.
"Estas muertes tienen responsables, y las responsables son las políticas de seguridad europeas, hiperrestrictivas", añadió Espache, quien teme que las nuevas normas de extranjería limitarán más aún el derecho de reagrupamiento familiar.
También denunció que "la red consular española sea un muro infranqueable para un africano" y aseguró que "si la solidaridad empieza a ser un delito, la indiferencia acabará matando".
Según el informe presentado ayer, la situación en las fronteras terrestres de Marruecos es dramática, con deportados abandonados a su suerte en el desierto, otros en campos de minas, con unas prácticas que se distinguen por los malos tratos, la tortura y las violaciones, cuando no convierten a los inmigrantes en bolas de "ping-pong" al no ser aceptados por ningún país a uno y otro lado de la frontera.
El informe critica igualmente el sistema del contingente para la admisión de trabajadores, ya que en 2008 fue de 17.700 inmigrantes y en 2009 de sólo 901, un 94 por ciento menos.
Según Espache, el endurecimiento de las leyes europeas mantienen "a todo un continente en arresto domiciliario", mientras que la consideración política de los inmigrantes no los tiene como sujetos de derechos sino como simple mano de obra, lo que ha calificado como muy grave ante la opinión pública.
El informe detalla también la situación de los inmigrantes encerrados en centros de internamiento, en peores condiciones que en prisión, los que no pueden volver a sus países por hallarse en situación irregular y caen "en la explotación e incluso la esclavitud", a la vez que rechaza que el flujo hacia Europa se haya reducido, sino que "buscan otras vías más difíciles y complicadas".
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