La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha garantizado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz seguirá trabajando para mejorar la "eficiencia" del sector público instrumental, mientras que el PP-A ha calificado la reordenación que se ha llevado a cabo de un "mecanismo electoral".
En la sesión de control al Ejecutivo del Pleno del Parlamento, la consejera ha asegurado que la Junta está realizando una labor intensa en materia de racionalización del sector público instrumental, para aumentar su eficiencia y que, de hecho, los entes instrumentales presentaron sus respectivos planes de ajuste para adaptarse a sus disponibilidades presupuestarias.
Esa reordenación del sector público ha supuesto, según ha agregado, la eliminación de más de 122 entes en el plan de ajuste que la Junta presentó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el cual incluso reconoció el esfuerzo que se había hecho. Ha indicado que se han ahorrado además más de 200 millones de euros a 31 de diciembre de 2013 en este sector, que destina más del 80 por ciento del presupuesto a la prestación de servicios públicos esenciales.
Como dato, Montero ha señalado que en Andalucía hay 12 entes por cada millón de habitantes, mientras que en Galicia son 73 y en Cataluña, 28.
Por su parte, el diputado del PP-A Rafael Ruiz Canto ha preguntado a la consejera sobre las medidas que tiene previstas adoptar el Gobierno andaluz con carácter urgente para profundizar en la racionalización del sector público empresarial, porque hasta ahora no se ha "hecho nada". A su juicio, las empresas que la Junta "controla y dirige lo único que han hecho es decir lo que iban a hacer, pero no han hecho nada".
Ha preguntado por la comisión de expertos que anunció la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para analizar ese sector y ha señalado que la reordenación que se ha llevado a cabo es solo un "mecanismo electoral que garantiza la sumisión ideológica". Ha indicado que la Cámara de Cuentas pone todos los días la "cara colorada" a la Junta en relación con ese sector público empresarial.
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