El informe que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha realizado de oficio sobre el tranvía de Jaén echa más tierra sobre la futura explotación del sistema tranviario, al menos a medio plazo. Lo que sorprende de su informe, que realiza una institución encargada de defender los intereses de los ciudadanos y no de las administraciones, aparte de que inste a Ayuntamiento y Junta a alcanzar un acuerdo, cosa difícil a estas alturas, como bien conoce el propio Defensor del Pueblo Andaluz, es que no se tenga en cuenta el carácter deficitario de cualquier transporte público y se ampare al Ayuntamiento de Jaén, que es quien debe ponerlo en servicio, alegando la difícil situación financiera por la que atraviesa. No cabe duda que la Junta de Andalucía no está por la labor de arrimar el hombro, y debería, pero lo que no puede hacer el Defensor del Pueblo Andaluz es cuestionar simplemente los estudios previos de mercado realizados por la administración andaluza, pidiendo incluso que se depuren responsabilidades, hablar de que existían otras prioridades tal vez menos costosas para la ciudad, y obviar por completo que el tranvía de Jaén nunca ha sido ni es una prioridad para el equipo de gobierno del PP, que sí destina presupuesto, en cantidades similares a lo que costaría el tranvía, a otras cuestiones. Tampoco es serio, a nuestro juicio, hablar de hacer un estudio sobre posibles usos alternativos que permitan rentabilizarlo. Otra vez llueve sobre mojado.
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