El Partido Socialista defenderá el próximo jueves una proposición no de Ley en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a dirigirse al Gobierno de la Nación para que "paralice la implantación" de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que el Ejecutivo andaluz ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC).
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE-A asegura que, pese a las "prisas y ocurrencias" del ministro de Educación, José Ignacio Wert, la norma plantea "un calendario de difícil cumplimiento", ya que "los textos definitivos de los reales decretos y los currículum de primaria y formación profesional básica tienen que ser completados por las comunidades autónomas y los centros educativos deben formular el correspondiente proyecto educativo de centro".
Junto a ello, los socialistas lamentan que Wert "se haya dedicado a emitir titulares de prensa sobre posibles opciones para obtener recursos de financiación ante la falta de la previsión económica que establezca la necesaria financiación para la implantación de la ley". Según subrayan, "la ley dispara el gasto educativo y, sin embargo, carece de una memoria económica", ya que advierten de que "su implantación le supondría a la Junta 150 millones de euros al año para la educación primaria, formación profesional básica y gratuidad de libros de texto".
El PSOE-A recuerda que la norma entró en vigor el pasado 30 de diciembre tras ser aprobada en el Congreso "con los únicos votos a favor del PP" y el rechazo del resto de partidos políticos, además de "sindicatos de la enseñanza, alumnos, profesores y padres". A su juicio, se trata de una "ley elitista y segregadora que favorece a la educación privada en detrimento de la pública, que rompe el consenso constitucional y el derecho de todos a una educación permanente y de carácter compensatorio", además de "invadir competencias" recogidas los artículos 51 y 52 del Estatuto de Autonomía.
En este sentido, los socialistas destacan que "estamos ante la ley no sólo con menos consenso, sino también con menos participación de quienes tienen que aplicarla: las comunidades autónomas y el profesorado, pretendiendo el Gobierno de España que se inicie su implantación en menos de seis meses desde la aprobación de sus normas de desarrollo, cuando las anteriores leyes educativas han tenido un largo período de implantación y desarrollo, diez años la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (Logse) y cinco años la Ley Orgánica de Educación (LOE)".
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