El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes la admisión a trámite aprobada por el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) el pasado 8 de abril, de los seis recursos presentados ante el Alto Tribunal contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), incluido el formulado por el Gobierno andaluz.
Se trata de los recursos planteados por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, el Gobierno y el Parlamento de Cataluña y los Gobiernos de Andalucía, Asturias y Canarias.
Al conocer la noticia la semana pasada, el ministro de Educación y Cultura y máximo responsable de la nueva normativa educativa, José Ignacio Wert, quiso restar trascendencia a la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de los seis recursos presentados. "Es un trámite absolutamente automático", señaló en los pasillos del Congreso, negándose a hacer más valoraciones sobre la decisión del TC.
Así, cada recurso presentado tiene sus particularidades y las comunidades autónomas centran gran parte del argumentario en invasiones competenciales y coinciden en la impugnación de determinados artículos de la ley: los reguladores de la enseñanza de Religión, la educación diferenciada y el adelanto de los itinerarios formativos en la ESO. El plazo de presentación se cerró el pasado 10 de marzo.
PARTICULARIDADES
Desde el PSOE, que formalizó su recurso el pasado 7 de marzo, el argumentario gira en torno a cinco puntos: la financiación pública de la educación diferenciada, el adelanto de los itinerarios formativos, la falta de participación en los consejos escolares de los padres, el tratamiento que da a la Religión y la selección del alumnado por centros.
En el caso de Andalucía, cuyo Ejecutivo registró el recurso el 4 de marzo, la impugnación se centra en cuestiones "recentralizadoras" de la nueva ley que invaden, a su juicio, competencias autonómicas, como las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el diseño de las pruebas y el establecimiento de su contenido para cada convocatoria. También recurren sobre la regulación de la educación diferenciada y de la enseñanza de Religión.
Asturias y Canarias coinciden en sus recursos con gran parte de este argumentario, como en materia de Religión, educación diferenciada e itinerarios. El Gobierno de las islas denuncia que la LOMCE invade competencias en las evaluaciones, la normativa sobre TIC, la admisión de alumnos en las enseñanzas universitarias de Grado; la gestión de becas y ayudas al estudio, y el diseño del curriculo escolar en Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
El Parlament de Cataluña, por su parte, acordó por mayoría recurrir la normativa el pasado 26 de diciembre. La particularidad, al igual que en el recurso planteado por la Generalitat catalana, es la incidencia de su argumentario en la regulación de la inmersión lingüística, junto a otras invasiones de lo que consideran competencias autonómicas, como en el diseño de los currículos o la financiación.
"La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los recursos, que el Tribunal resolverá en próximas fechas", informó el pasado jueves el Constitucional.
De esta forma, el Tribunal acuerda dar traslado de cada una de las demandas al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen de quince días para personarse en los distintos procedimientos y formular las correspondientes alegaciones.
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