Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez ha inaugurado el mes de abril con la celebración de la VII Semana de la Pobreza, que concluyó con una “mesa de experiencias” sobre las similitudes y diferencias de las políticas sociales en los distintos territorios españoles y su incidencia en las personas, a través de las Cáritas Regionales.
Canarias, País Vasco, Cataluña y Andalucía estuvieron representadas en una jornada en la que se pusieron en evidencia las “luces y sombras” que rodean en nuestro país al ejercicio de las políticas sociales y su repercusión sobre las personas que precisan de su correcta intervención, partiendo del hecho de que para que sean “buenas” políticas sociales, su objetivo debe ir dirigido a “acabar con la pobreza”, algo que, a tenor de los datos y la experiencia, no se ha conseguido de momento.
Auxiliadora González Portillo, Secretaria General de Cáritas Regional de Andalucía, expuso al respecto que “lo necesario para una persona es que se reconozca su dignidad”. Para ello, hizo un recorrido por el derecho a la vivienda, la sanidad, la educación, la cobertura de prestaciones básicas a través de un sistema público de servicios sociales y al empleo, poniendo de ma nifesto que hay “luces y sombras” de las políticas sociales de la actualidad y destacando que “los servicios sociales no están garantizados como un derecho básico y que no existe una ley marco nacional de los servicios sociales”. En cuanto a la vivienda, destacó “la falta de una oferta de vivienda social fuerte con alquileres subvencionados”, por lo que finalmente Cáritas atiende “a personas en situación de desahucio, la infravivienda…”.
El objetivo de la mesa de experiencias era comprobar cómo se articulan los derechos en cada una de las regiones del país y cómo la realidad actual influye en la actuación de Cáritas. En este sentido, Fátima Díaz Mederos, Secretaria General de Cáritas Diocesana de Canarias, destacó que “los recursos para los servicios sociales siguen siendo insuficientes y no llegarán a responder a la realidad de precariedad de la mayoría de la población. Todo esto no permite el desarrollo integral de las personas”, argumentó. Del mismo modo, afirmó que “en una sociedad en la que los derechos no son propios de la persona, sino a través de unos méritos, de una categoría, de cotizar… hay personas que se quedan fuera del acceso a ellos porque la situación y la legislación así lo provoca”.
La visión de esa misma realidad social, pero vista desde Catalula, fue ofrecida por Martí Batllori Bas, Secretario General de Cáritas Diocesana de Gerona, quien expuso que “a pesar de las reformas legislativas, lejos de avanzar en la solución de la crisis, van en el camino de la pérdida de derechos de la dignidad humana”. En su descripción del panorama actual resaltó que la situación es similar a las anteriores comunidades y que “uno de cada cinco catalanes está en riesgo de pobreza”. Ante ello, desde Cáritas se ha incidido en varias claves para ofrecer soluciones, tales como, “promover un enfoque comunitario”, así como “potenciar la economía social”.
Por su parte, José Ramón Ibeas Larrañaga, Secretario General de Cáritas Diocesana de Vitoria, hizo un repaso por la situación en Euskadi, afirmando que “tenemos que tratar de ver la realidad de cada uno, desde las posibilidades de cada uno pero no ciñéndonos a una especie de fatalismo, ya que es posible”; e hizo hincapié en que “unas buenas políticas sociales, con personas serias gobernando un país, sirven para acabar con la pobreza”, a lo que añadió que “si la gente que está ahí tiene claro que es un derecho y que hay que pelear por ello, esas leyes se convierten en cobertura, se transforma la acción social”. Frente a esta realidad hizo alusión a las respuestas que se están ofreciendo desde la propia Cáritas, donde “estamos trabajando en la formación y generando empleo con cooperativas que se han organizado desde nuestro ámbito”.
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