La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha expuesto que un tercio de los municipios de la comunidad autónoma han iniciado el procedimiento para la aplicación del decreto 2/2012 de 10 de enero para la regularización de viviendas ilegales, ya que un 14 por ciento han aprobado o se encuentran tramitando el documento de avance, mientras que un 21 por ciento han declarado la innecesariedad de delimitación.
En comparecencia parlamentaria en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la consejera del ramo, María Jesús Serrano, que ha incidido en la "magnitud" de este problema en Andalucía, recuerda que el decreto aborda casos que no sean objeto de inclusión en los respectivos planes generales de ordenación promovidos por los ayuntamientos --que ostentan las competencias al respecto y deben impulsar la primera fase de tramitación--, en referencia a obras, instalaciones y edificaciones realizadas infringiendo la normativa urbanística pero donde la irregularidad ha prescrito.
Para que el decreto "despliegue todos sus efectos", los municipios tienen que definir qué viviendas irregulares se encuadran en los asentamientos urbanísticos, con qué hábitats rurales diseminados cuentan y por último, cuáles son las edificaciones aisladas cuyas reconducción debe venir de la mano de la declaración de 'Asimilado a Fuera de Ordenación' (AFO).
Donde no se puede restaurar el orden jurídico ni proceder a la demolición, la acción del gobierno andaluz, según ha indicado Serrano, se centra en encontrar "la mejor solución posible". Así, la figura de AFO garantiza "una habitabilidad sostenible y el facilitar acceso a suministros básicos", así como también impone medidas compensatorias.
De esta manera, dentro de una resolución incluida por etapas en la normativa, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha expuesto que un total de 271 localidades ya han superado esta primera fase y están, por tanto, en condiciones de que el decreto se haga efectivo sobre el conjunto de las diversas modalidades de construcciones o edificaciones existentes en sus territorios, destacando su aplicación en Almería, donde únicamente el 20 por ciento de las localidades no ha adoptado ningún tipo de acuerdo al respecto.
Como conclusión, Serrano ha aseverado que el ritmo de aprobaciones de avances y declaraciones se ha "acelerado" en los últimos meses, con una puesta en marcha que, no obstante, no se ha dado con la misma intensidad en todas las provincias, donde la "complejidad" y la "diversidad" del territorio deriva en una casuística muy diferente en la que no cabe una solución única.
Por otro lado, la consejera andaluza ha confirmado que la Junta analiza algunos extremos de la normativa que, ante la "disparidad" de situaciones, crean tratamientos "injustos", pues "no tienen nada que ver las viviendas irregulares sobre las parcelaciones de Almería o de Málaga con los asentamientos de Córdoba o Cádiz: existen provincias en las que predominan las viviendas aisladas y otras en las que son los asentamientos".
Próximamente se entrará en la segunda fase de aplicación, en el que se incorporarán los asentamientos diagnosticados a los planeamientos urbanísticos. "Seguimos trabajando en el reglamento para incorporar soluciones que faciliten la ejecución de los mismos, dentro del marco legalmente establecido por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), así como el resto de la legislación vigente".
LA JUNTA, "ATASCADA", SE "ENCASTILLA"
Por parte del Grupo Popular, proponente de la comparecencia, la diputada Alicia Martínez ha calificado de "decepcionante" el hecho de que el gobierno autonómico se encuentre "atascado" en el problema, "al igual que ocurrió con sus antecesores", dado que "las 300.000 viviendas ilegales no surgen en el tiempo que usted lleva de consejera".
Martínez, que ha criticado el "sectarismo" con que la Junta "daña" a los municipios, ha instado al Ejecutivo andaluz a no "presumir" de construcción sostenible o seguridad jurídica, poniendo como ejemplo el caso del hotel del Algarrobico, "en el que han sido los únicos responsables y que es su monumento a la falta de ordenación del territorio".
Para el PP, la Consejería se "encastilla" en la normativa vigente, cuando "ninguna de estas leyes ha servido" ni a los propietarios de buena fe con licencia "a los que se les niega la luz y el agua" ni a las familias "angustiadas" por las sentencias de demolición y a la espera de una solución "real".
Por ello, Martínez ha pedido medidas "que no pasen por legalizar casos imposibles, en situaciones de riesgo o de agresión al medio ambiente", y que tampoco se contemplan en planes generales, que, ha recordado, en Andalucía solo ha aprobado el 15 por ciento de los municipios. "Hay un modelo urbanístico diferente al suyo", ha explicado, reclamando modificaciones normativas y abogando por la creación de un grupo de trabajo donde se incluyan expertos y afectados, frente a un modelo "fuera de la realidad y de la legislación urbanística".
A todo ello, Serrano ha opuesto que la Junta ha dado "un paso al frente" para poner una solución a esta problemática "sin pretender una amnistía general". Añade que la administración andaluza se pone a disposición de los afectados y que las actuaciones se llevarán a cabo en pro de un turismo "ordenado y sostenible".
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