El diputado autonómico de IULV-CA por Cádiz y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Ignacio García, encuentra "sorprendente" que el Estado no encuentre los "250 o 300 millones" que costaría liberar el peaje de la AP-4 entre Cádiz y Sevilla y sí más de 2.400 millones de euros para el rescate de nueve autopistas de peaje "del norte" en riesgo de quiebra.
García ha puntualizado que el Gobierno habla de 2.400 millones de euros para ese rescate, pero, según los cálculos de IU, la cifra ascenderá a "algo más de 4.000 millones de euros", puesto que "a los 2.400 millones de deudas con los bancos hay que añadirle la deuda de las expropiaciones de los terrenos".
El diputado autonómico censura que "vuelvan a salir en auxilio de determinadas empresas privadas", que en definitiva "vuelven a ser los bancos", y, atendiendo a las cifras de ese rescate, "sorprende que no encuentren" lo que costaría liberar la AP-4, que "está ya amortizada y con una prórroga" y que, además, "prácticamente todo lo que ingresan son beneficios".
Así las cosas, IU teme que, "una vez más, Andalucía salga perjudicada", máxime teniendo en cuenta que ya Cataluña ha anunciado que va a solicitar lo propio para sus autopistas y "no nos extrañaría, tal y como está la situación política, que lo consiguiera".
Por ello, entiende que a la Junta de Andalucía "le corresponde hacer esa petición" y al PP-A "no ser sumiso una vez más" y reivindicar al Gobierno de la nación lo que va a costar la liberación del peaje de la AP-4.
Argumenta García que "gran parte del problema de las autopistas de Madrid se debe a la decisión del expresidente del Gobierno José María Aznar de declarar todo el suelo urbanizable, lo que subió las expropiaciones a unos niveles que son, en gran parte, los causantes de la ruina". Señala que eso "no se ha quitado todavía" y sostiene que "debe cambiarse", ya que puede suponer el encarecimiento de las expropiaciones.
El diputado autonómico también ha recordado que "hace 30 años pasó algo parecido" y el Gobierno "ya rescató las autopistas y luego las reprivatizó", criticando que ahora pueda "caerse en lo mismo".
Finalmente, ha cuestionado las "prioridades del Gobierno", aludiendo al informe de Cáritas que señala que "con lo que cuesta el rescate de la red radial de Madrid se podría haber rescatado a 700.000 familias que están en situación de decrepitud social".
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