El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha abogado por afrontar la necesaria reforma del actual modelo de proceso penal para que los fiscales asuman la dirección de las investigaciones que hoy, en España, ejercen los jueces. "Somos el único país de Europa en el que persiste el modelo de instrucción judicial", ha señalado.
En declaraciones a Europa Press, De Llera ha subrayado que la Constitución española asigna a los jueces, exclusivamente, la misión de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y señala que "éstos no ejercerán más funciones que las señaladas", prohibición que "contradice abiertamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
De mismo modo, el titular de Justicia e Interior ha alertado de que el modelo vigente "se halla anclado en las ideas del siglo XIX y no cumple las exigencias del Estado Democrático de Derecho".
A su juicio, "el sistema diseñado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, pese a sus actualizaciones, pugna con el modelo de proceso penal que resulta de la Constitución y supone un perjuicio para la seguridad jurídica tal como se desarrolla en la actualidad".
Según el consejero, el proceso penal, "no solo es el instrumento del Estado para castigar delitos, sino que sirve a la ciudadanía para defender sus libertades y derechos frente al aparato punitivo del propio Estado", por lo que es "inaplazable" su reforma.
De Llera también ha lamentado que el actual modelo penal "es lentísimo, no garantiza los derechos de los afectados y, por si eso fuera poco, no se acompasa a los modelos del resto de países europeos que se basan en los postulados del Convenio Europeo de Derechos Humanos y otras declaraciones supranacionales de derechos suscritas por España".
Por otra parte, el consejero ha asegurado que la instrucción judicial, tal y como está planteada, "no es eficaz para lograr sus fines", ya que la misma persona, en referencia al juez instructor, "no puede servir a la vez a dos fines incompatibles como son garantizar el éxito de la investigación y, al mismo tiempo, ser garante de los derechos de los afectados".
En su opinión, "en la labor de búsqueda de pruebas incriminatorias de los delitos que asume durante la instrucción, el juez está también juzgando cada vez que toma una decisión y por ello se hace necesario que esa investigación sea asumida por los fiscales y que la garantía del proceso y los derechos quede en manos de los jueces".
Por todo ello, De Llera considera "urgente" adaptar el modelo de proceso penal a las exigencias constitucionales "y mejorar así, como en el resto de Europa, la eficacia y agilidad en las investigaciones penales y evitar que éstas puedan dilatarse en exceso en el tiempo".
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