La primera Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado en 35 años de democracia entrará en vigor este jueves tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Todos los jefes de la diplomacia quisieron sacar adelante una ley del servicio exterior, pero las peleas de competencias entre Ministerios y las suspicacias que el proyecto ha levantado siempre en los partidos nacionalistas frustraban cualquier intento. Los mismos obstáculos ha tenido esta ley, que se ha aprobado sin consenso y con el único respaldo total del PP, con mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado.
Y eso a pesar de que los 'populares' hicieron alguna concesión a socialistas y nacionalistas de CiU y PNV en una de sus líneas rojas, al limitar a presidentes y consejeros la obligación de las Comunidades Autónomas (CCAA) de comunicar previamente a Exteriores sus viajes al exterior cuando estos se hagan "fuera del ámbito de la UE". Inicialmente el proyecto obligaba al resto de altos cargos de los Gobiernos autonómicos y a todos los diputados de las Asambleas.
Al igual que presidentes y consejeros autonómicos, también tendrán que informar a Exteriores de sus planes de viajes los órganos constitucionales y la Administración local.
Esta disposición de la ley no cambiará en gran medida las cosas, ya que en la actualidad los viajes de todo alto cargo que viaje con escolta se comunican a la Embajada correspondiente para que se le expida el pertinente permiso para introducir armas.
Recibido el aviso sobre el proyecto de viaje, Exteriores podrá emitir "recomendaciones" sobre si la propuesta se adecúa a los objetivos de la política exterior española, que dirige en exclusiva el Gobierno.
OBSTÁCULOS
El recorrido de este proyecto hasta convertirse en ley no ha sido en absoluto sencillo y, como consecuencia de los diversos obstáculos, el texto se ha ido descafeinando desde sus primeras versiones (se hicieron más de 30 borradores).
Por el camino se quedó, por ejemplo, la ambición de que Hacienda pudiera vetar la apertura de delegaciones autonómicas en el extranjero en el caso de CCAA que incumplieran el objetivo de déficit. O una propuesta de última hora del PP, que quería crear un registro público de viajes autonómicos.
Con la redacción actual, la ley obligará a las CCAA a informar previamente al Gobierno de la apertura de delegaciones en el extranjero, pero el Ejecutivo solo podrá decir si considera o no pertinente esa decisión.
Tanto el PSOE como los nacionalistas de CiU, PNV, BNG; IU y los independentistas de ERC denunciaron durante la tramitación del texto el afán "innecesario" de controlar y limitar la actividad de las Comunidades Autónomas (CCAA) en el exterior que rezuma, en su opinión, el proyecto.
El Gobierno responde a estas críticas que su intención no es controlar, sino coordinar la acción de todas las instituciones del Estado que despliegan actividades en el extranjero, desde los distintos Ministerios a las diferentes Comunidades Autónomas y entidades locales, con el fin de "tener una orquesta y no un conjunto de solistas desafinados".
Pero los obstáculos a la ley no procedían solo de la oposición parlamentaria. Las objeciones que otros Ministerios pusieron a la redacción original del texto, elaborada por Exteriores, dieron al traste con otra de las novedades que perseguía el proyecto, la integración paulatina en la Embajada de las oficinas de la Administración en el exterior y la dependencia de su personal del embajador, con la intención de homologar sueldos y condiciones laborales entre todos los funcionarios.
La ley también se topó con la oposición de parte de la Carrera Diplomática, jóvenes en su gran mayoría, que denunciaron, entre otras cosas, que el proyecto no otorgaba a Exteriores un papel clave en la coordinación de la acción exterior.
NOVEDADES
Junto a la obligación de que las CCAA informen al Gobierno de sus viajes y apertura de delegaciones en el exterior, el texto presenta otras novedades, como la creación de una carta de instrucciones al embajador recién nombrado que podrá incluir peticiones de CCAA o la posibilidad de que el Congreso pueda solicitar la comparecencia de un embajador para que informe sobre los objetivos de su misión.
La norma obligará al Ejecutivo a presentar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, una Estrategia de Acción Exterior para cuatro años con las prioridades y objetivos a medio plazo en esta materia. Su elaboración corresponde a Exteriores en colaboración con el resto de Ministerios. La Estrategia, dice el proyecto de ley, "recabará e integrará, en su caso" las propuestas de actuación en el ámbito exterior de los órganos constitucionales, las CCAA y las entidades locales.
El Gobierno podrá omitir aquellas propuestas que no se adecúen a los objetivos de la política exterior que fija en exclusiva el Ejecutivo pero en ese caso deberá explicarlo. La Estrategia se debatirá en el Parlamento antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. Para dar cuenta de la ejecución de esta Estrategia, el Gobierno elaborará, cada año, un Informe Anual de Acción Exterior.
PAGAR ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO
La medida que afectará de manera más directa al ciudadano es la posibilidad de que el Gobierno pueda "exigir el reembolso" del dinero público empleado para asistir a españoles en el extranjero "en una situación de emergencia consular" cuando el ciudadano se haya "expuesto voluntariamente a riesgos sobre los que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informa en sus recomendaciones de viaje".
La ley convierte al Consejo de Política Exterior, órgano asesor del presidente del Gobierno creado en el año 2000 pero que apenas se ha utilizado, en el instrumento destinado a asesorar al jefe del Ejecutivo sobre el despliegue del Servicio Exterior del Estado.
De esta forma, las decisiones sobre la reordenación de los medios que componen el servicio exterior del Estado (apertura o cierre de embajadas y creación o supresión de plazas) pasa a ser una decisión más colegiada en lugar de una negociación entre Exteriores y Hacienda exclusivamente, como ocurre en la actualidad.
Tal y como se prevé desde el año 2000, las Comunidades Autónomas podrán ser convocadas a las reuniones del Consejo de Política Exterior, que preside el presidente del Gobierno, y a las del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, presidido por la vicepresidenta.
La ley señala que los embajadores serán elegidos entre los miembros de la Carrera Diplomática, aunque permite al Gobierno designar a embajadores que no sean diplomáticos, los conocidos como embajadores 'políticos'.
También introduce la posibilidad de poder abrir misiones diplomáticas conjuntas con países de la UE, la incorporación de funcionarios españoles en las delegaciones de la UE en el extranjero para atender los intereses de España y también en misiones diplomáticas iberoamericanas en terceros países.
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