El sindicato CCOO ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el decreto de Nueva Oficina Judicial y Fiscal (NOJF) ante "la falta de negoaciación colectiva", pese a tratarse, según destaca, de una normativa que incide en las condiciones laborales de los funcionarios de la Administración de Justicia.
En un comunicado, CCOO dice esperar una resolución favorable del TSJA, que obligue a la Consejería a retirar el decreto publicado y a efectuar una nueva disposición tras los trámites obligatorios de la negociación colectiva.
CCOO, junto a los funcionarios de justicia de El Ejido, de Vélez-Málaga, de la Fiscalía de Sevilla y de toda Andalucía, apuesta por una reforma de la Administración de Justicia que "respete las condiciones de trabajo y devuelva a los trabajadores y trabajadoras los derechos que les han sido robados con la excusa de la crisis económica".
Para el sindicato, entre otras condiciones de trabajo, el decreto afecta a la jornada laboral estableciendo puestos de trabajo con jornada de 40 horas (superior a las 37 horas y media de jornada laboral ordinaria), una regulación que no garantiza los actuales turnos de funcionarios en los juzgados de guardia, la obligación de trabajar en la Fiscalía de los funcionarios de los Juzgados y viceversa o la ubicación física de puestos de trabajo de justicia en los centros penitenciarios.
Asimismo, critica que la Consejería de Justicia haya eliminado "intencionadamente" el principio de división de funciones que recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, aspecto fundamental para CCOO "ya que bajo dicho concepto se consigue que cada puesto de trabajo tenga un cometido concreto".
"La Consejería de Justicia pretende con la eliminación de la división de funciones establecer un sistema de trabajo arbitrario y de empleados públicos a disposición plena del jefe de la oficina, aspecto que CCOO rechaza de plano", se añade en el comunicado.
CCOO, en la fase de alegaciones al decreto, advirtió a la Consejería de Justicia que por imperativo legal las condiciones de trabajo de los empleados públicos han de ser negociadas con los representantes sindicales lo que ha sido rechazado por el consejero, Emilio de Llera, "que ha negado, faltando a la realidad, que el decreto afecte a estas condiciones de trabajo".
Según el sindicato, la Consejería de Justicia se ha negado además a aceptar las garantías mínimas de CCOO y de los funcionarios de justicia consistentes en que las retribuciones actuales de cada funcionario no se vean reducidas con la implantación de la NOJF, que no se reduzcan las plantillas actuales y que no se obligue a ningún trabajador a trasladarse de localidad de manera forzosa.
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