El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha presentado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara autonómica en la que insta a la Junta de Andalucía a revisar todos los contratos administrativos que mantiene vigentes el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) para la prestación de los diferentes servicios públicos educativos en los centros públicos andaluces.
El objetivo, según se recoge en la proposición, suscrita por el portavoz popular parlamentario, Carlos Rojas, y recogida por Europa Press, es que no se produzcan situaciones como las que han sufrido los monitores auxiliares de apoyo administrativo de los colegios públicos de Infantil y Primaria.
Éstos, afectados tras el anuncio de la administración autonómica de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones, han convocado a partir de las 11,00 horas de este sábado una marcha desde la parroquia de San Jerónimo hasta la Plaza de la Encarnación de la capital hispalense, al objeto de que la Junta cumpla los compromisos que garanticen la vuelta de éstos a sus puestos de trabajo, así como el cumplimiento de otra PNL aprobada en el Parlamento andaluz y que pasa por buscar una solución para el conflicto de estos trabajadores.
Dentro del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, el ISE gestiona los servicios complementarios incluidos en el Plan de Apertura de Centros (comedores escolares, aula matinal y actividades extraescolares), así como el transporte escolar, monitores de apoyo y algunos servicios en escuelas infantiles de primer ciclo.
De esta manera, el PP solicita la revisión de los contratos ante la "precariedad laboral" que se ha conocido en el caso de los monitores y que hace pocos meses notificaron a la Inspección de Trabajo, "pretendiendo que esta injusta situación se corrigiese".
Recientemente, en el caso de los monitores, un juicio programado en Málaga para ver demandas de estos trabajadores ha quedado suspendido, al igual que otras vistas de días pasados en Cádiz y Córdoba. Fuentes del colectivo indicaron a Europa Press que, al margen del aplazamiento que la representación jurídica de estos trabajadores tenía pensado solicitar para agrupar varias demandas, la problemática en este juicio vino derivada de la falta de documentación que se precisaba para el transcurso de la vista oral, un extremo que los monitores temen se deba a una "maniobra" de la Junta para dilatar el proceso.
En los casos de Cádiz y Córdoba, fueron aplazados por la no comparecencia de las empresas que prestaron el servicio en un periodo transitorio de dos meses desde que se dio a conocer la decisión del Ejecutivo autonómico, dado que la notificación no se llevó a cabo en tiempo y forma.
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