La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Confedampa) se ha pronunciado sobre los términos en los que se está aplicando el decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha de la exclusión social, puesto en marcha por la Junta de Andalucía --que ya ha anunciado que lo modificará-- y que contempla el reparto de comidas diarias en los comedores escolares, señalando que el mismo "no resuelve gran cosa".
El presidente del colectivo, José Manuel Nieto, ha indicado a Europa Press que la normativa supone "pan para hoy y hambre para mañana", toda vez que en algunos casos pueden registrarse incidencias relacionadas con la "picaresca" y que, además, el proporcionar alimento de manera directa a los menores puede influir en una "estigmatización" de estos alumnos.
A su juicio, habría que organizar otra forma de ayudar a esas familias, con fórmulas como las ayudas directas o el servicio de un 'cátering' en los propios domicilios, en vez de "hacerlo delante de los críos, que inevitablemente preguntan".
La Confedampa sí apoya, en este sentido, otras iniciativas como la posibilidad de que los niños más necesitados puedan disponer de comedor gratis. En cualquier caso, Nieto aboga por reunir a todos los agentes implicados para "sentarnos y evaluarlo todo".
En parecidos términos se ha expresado la sección sindical de CCOO, cuyo secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, ha manifestado en una nota que "este tipo de medidas que está llevando a cabo la Junta de Andalucía, ya sea la entrega de bocadillos o las ayudas a las familias para la alimentación de sus hijos que se prevén llevar a cabo próximamente, no van a dar respuesta a los problemas de exclusión social que sufre parte del alumnado andaluz".
Desde hace unos días el sindicato esta presentando una propuesta de Renta Básica de Inclusión, "con la que se puede paliar el problema que están teniendo miles de familias, al no poder asegurar a su hijos e hijas las comidas básicas diarias", pues la sociedad andaluza "necesita tener garantizada la percepción de una prestación económica mensual durante el tiempo que se acredite una situación de necesidad grave, y no políticas paternalistas más propias de tiempos pasados".
Para el sindicato, el "deber" de los poderes públicos es garantizar una renta mínima a toda la población, entendiéndose ésta como un derecho inherente y universal. "Es necesario contar con políticas reales de izquierda que realmente potencien la inclusión social de toda la ciudadanía", ha apostillado Blanco.
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