El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este miércoles en sesión ordinaria, ha dado cuenta del acuerdo alcanzado con los propietarios de suelos envueltos en los desarrollos urbanísticos de Buen Aire, localizados al noroeste de la ciudad, entre la ronda Súper Norte y el trazado de la autovía SE-30, para suspender y ampliar el plazo relativo a la reclamación patrimonial emprendida por estos propietarios para obtener la devolución de las cantidades ingresadas como contribución a los sistemas generales urbanos merced a un convenio suscrito en 2005.
Recordemos que allá por 2010, con Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) al frente del Consistorio, la Gerencia de Urbanismo admitió haber percibido ingresos por valor de 172.115,560 euros una vez retirados los avales de 55 de los 70 convenios urbanísticos asociados al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, un dinero entregado por los suscriptores de estos convenios para la creación de los sistemas generales y viales implicados en los desarrollos urbanísticos estipulados por los convenios en cuestión. No obstante, mediante este montante, el Ayuntamiento hispalense habría sufragado iniciativas como la red de carriles bici, el II Plan de Barrios, la rehabilitación de la Plaza de España o la reurbanización de la Alameda de Hércules.
El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, advertía recientemente de que la junta de compensación constituida en torno a los suelos de los desarrollos urbanísticos bautizados como Buen Aire, al noroeste de la ciudad, había formulado ante la administración local "una reclamación previa a la interposición de una demanda", a cuenta del destino seguido por los 23 millones de euros entregados hace años al Consistorio hispalense para la creación de los sistemas generales de estos desarrollos urbanos, dado que los mismos siguen sin ser ejecutados.
La Gerencia de Urbanismo, en ese sentido, ha dado cuenta este miércoles del acuerdo alcanzado con el colectivo de propietarios antes de que el pasado 5 de marzo expirara el plazo legal de resolución de la reclamación patrimonial, siendo ampliado este plazo al 31 de diciembre de 2014.
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