García Montero, contra la que también pesan en España graves acusaciones por su participación directa en varios asesinatos como miembro del comando Buruntza, deberá responder ante la justicia gala de 17 cargos que pesan sobre ella por su actividad en ese país al frente de la actividad de recogida y centralización de información.
Una actividad que consistía esencialmente en la obtención, por sus propios medios o por la nutrida red de informadores de ETA, de datos de todo tipo sobre objetivos con vistas a la preparación de atentados, y en la que se supone que fue máxima responsable desde comienzos de 2002 hasta su detención en mayo de 2003.
Desde ese puesto, la presunta etarra, de 34 años, estaba en contacto directo con los máximos responsables del aparato militar de ETA hasta su captura el 9 de mayo de 2003 en Saintes (oeste de Francia) junto a otros 3 activistas que también van a ser juzgados. Se trata de Asier Araguren Urroz, Aitor García Justo y Thierry Idiart.
Los dos primeros, de nacionalidad española, han permanecido encarcelados desde entonces, mientras que Idiart, que es francés, se encuentra en libertad bajo control judicial desde mayo de 2007.
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