La Guardia Civil de Cádiz ha puesto a disposición judicial a 21 personas por delitos de blanqueo de capitales, siendo los principales implicados los supuestos integrantes de una organización dedicada al tráfico de hachís. Como consecuencia de esta operación policial, han sido incautados más de once millones de euros entre sociedades mercantiles, bienes inmuebles, cuentas bloqueadas y vehículos intervenidos.
En un comunicado, la Benemérita detalla que por su implicación en los hechos investigados se ha puesto a disposición judicial a distintos familiares de los implicados que se prestaban como 'hombres de paja' y 'testaferros' para camuflar los bienes de la organización.
Esta operación policial se inició como consecuencia de la explotación de la 'operación Flotador', en la que la Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticularon una organización criminal dedicada a la introducción de hachís en España desde Marruecos por vía marítima. En el marco de la misma, se detuvo a diez personas y se intervinieron 1.250 kilogramos de hachís.
En los registros practicados tanto en domicilios como en naves industriales y fincas ganaderas de las localidades gaditanas de Sanlúcar de Barrameda, Bornos y Lebrija (Sevilla), se incautó abundante documentación y efectos que permitieron el bloqueo de cinco empresas, así como todas las cuentas pertenecientes a los detenidos. Destaca que en uno de los registros practicados, los guardias civiles, apoyados por un perro detector de dinero, pudieron incautar 300.000 euros que se ocultaban tras un montón de chatarra.
SEGUNDA FASE
Tras la finalización de la primera fase operativa de dicha operación, los miembros del Equipo de Blanqueo de Capitales iniciaron la correspondiente investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales supuestamente cometido por los miembros de la organización desmantelada, de varios familiares de los mismos y de personas interpuestas para evitar la incautación de los bienes obtenidos por el narcotráfico.
Las investigaciones determinaron que la organización de narcotraficantes desmantelada había montado todo un entramado de ingeniería financiera para blanquear los beneficios de sus ilícitos negocios, al frente de los cuales estarían numerosos familiares de los principales implicados en el tráfico de drogas, y personas de su entorno que actuarían como meros testaferros, que prestan su identidad para disimular la titularidad de los bienes obtenidos mediante el tráfico de drogas.
Los agentes determinaron que las principales líneas de trabajo estarían una en Sanlúcar de Barrameda y otra en Lebrija. Para dar una idea de la magnitud de lo investigado, la Guardia Civil explica que la trama que se ideó desde la localidad de Lebrija para dar apariencia legal a los beneficios obtenidos.
Detalla que, por un lado, estaba el matrimonio formado por José María P.R. y Josefa S.J., siendo el primero pensionista desde el año 2010 por incapacidad laboral total por enfermedad. Sin embargo, esta incapacidad laboral no le impidió la introducción de al menos tres alijos de hachís incautados por la Guardia Civil en distintas fechas de 2011, como consecuencia de los cuales se encuentra en prisión por un delito de tráfico de drogas, aunque no era la primera vez que ingresaba en prisión por esta causa.
Señala la Benemérita que esta persona realizó sus comienzos como pastor de un pequeño rebaño de cabras, actividad que fue abandonando progresivamente hasta llegar a la situación de no poderle atribuir una actividad profesional clara.
Asimismo, resalta que durante seis meses estuvo cotizando a la Tesorería General de la Seguridad Social por dos actividades laborales distintas, mientras se encontraba cumpliendo condena en prisión como autor de un delito de tráfico de drogas.
Después de su primera detención por tráfico de drogas en el año 2001, se observó un mayor incremento del patrimonio por parte de los familiares y no por parte del detenido, y cuya procedencia carece de justificación.
"NO SABE LEER NI ESCRIBIR"
Apunta el dato de que, después de más de 22 años de matrimonio en régimen de gananciales, el matrimonio decidió realizar una separación de bienes, momento que coincide con el despegue profesional de su esposa Josefa, una mujer de 61 años, cuya única actividad laboral era la de ama de casa, carente de formación e incluso que "que no sabe ni leer ni escribir", como ella misma manifiesta.
Tras el cambio de régimen matrimonial, se convirtió en socia fundadora de sociedades mercantiles, de las cuales cuenta con la titularidad de las acciones y es poseedora también de acciones de otras sociedades, siendo administradora única de alguna de esas sociedades, las cuales forman el complejo entramado presuntamente utilizado para blanquear los grandes beneficios que el narcotráfico reportaba a su marido José María, el cual únicamente figuraba en las sociedades como apoderado.
Explica que las sociedades que se crean de la nada para estos fines, son sociedades mercantiles que constituyen los investigados con idénticas características y carentes de funcionabilidad, si bien la gran mayoría de los bienes inmuebles intervenidos se encuentran bajo la titularidad de estas sociedades, las cuales presentan una falta total de actividad y se caracterizan por tener por domicilio social el mismo donde se encuentra empadronado el matrimonio investigado.
Además, se carece de datos en la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo ha tenido tres protocolos notariales --constitución y cambio de acciones sociales--, se carece de datos de compañía de suministro eléctrico y carece de operaciones bancarias.
Por todo ello, los guardias civiles determinaron que las siete sociedades mercantiles intervenidas se constituyeron para ayudar a la ocultación de los bienes adquiridos y generados con capital obtenido del narcotráfico.
Todo este entramado se complementaba con el concurso de los hijos, hermano y cuñada del supuesto cabecilla de la organización, utilizando además a otras personas denominadas 'hombres de paja' para que estos sean los que los representen en determinadas sociedades.
Por todo ello, se ha puesto a disposición de los titulares de los Juzgados de Instrucción número 2 de Sanlucar y Lebrija a 21 personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales, en unión de los bienes intervenidos.
Entre los bienes intervenidos figuran siete sociedades mercantiles con un capital social de 1.437.715 euros, 96 bienes inmuebles valorados en 8.610.676 euros, 59 vehículos valorados en 692.870 euros, 23 caballos de pura raza española y árabe, valorados en 135.000 euros, 300.000 euros en efectivo, significando que la mayoría de las transacciones que realizaban las realizaban en efectivo.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
