La Junta de Andalucía está estudiando la legalidad o no de la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla) por la que se establece una fianza de 3.000 euros y un peaje de 25 euros por vehículo a las hermandades rocieras que transiten por su término municipal, que considera "impopular".
Así lo ha destacado hoy a preguntas de los periodistas en Huelva, el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio De Llera, quien ha precisado que "a bote pronto" la medida "puede rayar la ilegalidad".
Ello es así, ha explicado, porque "la zona de los pinares donde acampan y por donde transitan las hermandades -los Pinares de Aznalcázar- La Puebla del Río, incluidos en el LIC Doñana norte- no es algo que administre ningún ayuntamiento, sino la Junta de Andalucía", por lo que "sería un problema de competencias entre la Junta y ayuntamiento".
De todas formas, el consejero considera que se trata de una medida "muy impopular" ya que "las hermandades llevan pasando por ahí, transitando y acampando toda la vida y nadie les ha cobrado nada hasta ahora, comprendo que la cosa está muy mal pero bueno", ha concluido.
La ordenanza, que entrará en vigor en un mes después de haber sido publicada la semana pasada en el Boletín Oficial de la Provincia, señala, entre otros impactos para este medio, los que ocasionan el paso anual de hermandades del Rocío por "el elevado número de peregrinos y vehículos a motor que conforman las mismas" y la necesidad de muchas de ellas de sestear y/o pernoctar en los Pinares de Aznalcázar.
Afecta a un total de 72 hermandades a las que también se le exige el contar con la autorización expedida por el Ayuntamiento para transitar por este espacio.
La fianza de 3.000 euros, para asegurar la conservación de las condiciones ambientales de los terrenos forestales ocupados durante su sesteo y/o pernocta por cada hermandad, se le reintegrará en caso de que "no dejen alteraciones en la zona".
La medida ya fue criticada por Juan Ignacio Reales, presidente de la Hermandad Matriz de Almonte (Huelva), organizadora de la Romería, quien la calificó de "despropósito, desvergüenza e ilegalidad".
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