El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández ha recurrido el embargo decretado por el juzgado que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares sobre un piso de Jerez de la Frontera (Cádiz) que, en realidad, está inscrito a nombre de su exesposa, lo que constituye un "error" que ha causado un daño "efectivo" y "muy gravoso" a su esfera personal.
En un escrito elevado al Juzgado de Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Antonio Fernández recurre el decreto de 21 de febrero en el que la secretaria judicial ordenaba embargarle tres pisos, todas sus cuentas bancarias, y un garaje con trastero a fin de hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 807 millones que se le impuso, ya que estima dicha decisión "contraria a Derecho y lesiva a sus intereses".
"A partir del error sustancial en el que incurre, el decreto ha sido interpretado por los medios de comunicación en un sentido indudablemente lesivo para" Antonio Fernández, como es que "sea poseedor nada menos que de tres pisos, es decir, titular de un significativo patrimonio inmobiliario".
La defensa del exconsejero añade que "ello no es cierto", pero "el daño a su esfera personal ha sido efectivo y muy gravoso, en cuanto a que viene a sumarse y se acumula a los ya innumerables embates que viene arrostrando su honorabilidad y su presunción de inocencia".
"Ser poseedor de tres pisos es algo ordinario para el ciudadano ordinario, pero no lo es para quien para su desgracia perdió hace tiempo tal condición de ciudadano ordinario" y "es tildado en determinados medios como 'nacido para los ERE'", medios en los que "se publica profusamente que el Juzgado investiga un supuesto enriquecimiento ilícito por parte del mismo".
El abogado del exconsejero dice que "nuestra queja no tiene que ver, naturalmente, con el cumplimiento de su trabajo por parte de los medios de comunicación, sino con el carácter perfectamente evitable de aquel error padecido al decretarse el embargo sobre bienes que, sencillamente, no son de la titularidad" de Antonio Fernández.
"De una elemental consulta al Registro de la Propiedad, lo que resulta es que dicha finca no es un bien de Antonio Fernández ni aparece inscrita con carácter ganancial", dice el letrado, que explica que "hace más de diez años" que su cliente y su exesposa "procedieron a su separación judicial y liquidación de su sociedad de bienes gananciales, así como poco después al divorcio vincular de su matrimonio".
Añade que, a consecuencia de ello, la finca en cuestión "se adjudicó" a su exesposa, de manera que desde entonces "aparece inscrita no con carácter ganancial sino con carácter estrictamente privativo a favor de la indicada señora, cuyo domicilio permanente constituye".
En este sentido, explica que como consecuencia de dichas operaciones de liquidación "fue adjudicada --ahora sí--" a Antonio Fernández una finca urbana también en Jerez a la que se extiende el embargo, siendo "una finca sujeta aún a hipoteca en garantía de préstamo en su día otorgado para su compra por la entidad Barclays y que a duras penas sigue pudiendo hacer frente el mismo, bien que con ayuda de sus familiares, pues se trata del piso de su domicilio habitual".
El abogado precisa que el tercer piso que aparece citado en el decreto de embargo "constituye la única adquisición relativamente reciente" por parte de su cliente y se encuentra sujeta a hipoteca en garantía de préstamo "cuyas cuotas, de significativa cuantía, Antonio Fernández pudo afrontar y afrontó mientras gozó de trabajo remunerado, pero que dejó de abonar a mitad del pasado año, cuando perdió su empleo por directa consecuencia de su ingreso" en prisión.
"De este préstamo responde igualmente con garantía hipotecaria el piso antes señalado de su domicilio habitual", lo cual "le hace concebir serios temores de pérdida de ambos llegados a una ejecución del reseñado préstamo", lamenta el abogado del exconsejero.
Estos dos últimos inmuebles son los "únicos" sobre los que el exconsejero "ostenta un derecho de propiedad o de cualquier otra clase, "lo que los hace, pues, susceptibles de embargo", todo ello, dice el letrado, "a modo de complementaria información al juzgado sobre la delicada situación patrimonial" del imputado "así como sobre el inevitable riesgo de su pérdida por imposibilidad de afrontar las cargas subsistentes sobre los mismos y a la vista de su sobrevenida incapacidad para generar ingresos".
Por todo ello, pide al juzgado que deje sin efecto el embargo ordenado sobre el piso de su exesposa.
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