La Fiscalía ha formulado denuncia ante el juzgado decano para que se investigue por vía penal la adjudicación del contrato las obras de rehabilitación en el entorno del Mesón Gitano, en la capital, al apreciar que la actuación en el seno de la empresa municipal 'Almería Urban' podría constituir presuntos delitos de prevaricación y de tráfico de influencias.
El Ministerio Público oficia, asimismo, a la Policía Judicial para que realice un informe acerca de las supuestas irregularidades cometidas en el proceso de licitación y adjudicación del proyecto a la empresa Facto S.A. y solicita que declaren en calidad de testigos el decano del Colegio de Arquitectos, Javier Hidalgo, y el portavoz de UPyD, José Luis Raya, como denunciantes.
Cabe recordar que el contrato del proyecto, clave en el marco del Plan Urban para regeneración del casco histórico cofinanciado con fondos Feder de la UE y que debía haberse ejecutado entre 2007 y 2013, está suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya que unificaba en un mismo procedimiento la redacción del proyecto y la ejecución de las obras.
El decreto de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, recoge que se tiene "constancia" de la existencia de dos propuestas presentadas por dos "contratistas distintos" que contenían "idéntica propuesta de proyecto" pero con precios de licitación "muy dispares". En concreto, señala que el de Facto SA era de 4,4 millones de euros mientras que el de Salcoa SA era de 5,4 millones.
Indica en esta línea que, a este extremo, hay que añadir que UPyD en su denuncia alude a la "estrecha relación que existe entre ambas empresas", así como a que la puntuación concedida a Facto SA, "la misma que a Salcoa SA", ha sido "muy superior" a las demás por lo que, "a pesar de ser su oferta una de las más caras", ha conseguido la adjudicación "gracias a la puntuación técnica".
El Ministerio Público señala, asimismo, que se hace referencia a la "estrecha relación" entre uno de los técnicos municipales que realizó la valoración y una trabajadora de Facto SA, y de los cinco técnicos del Ayuntamiento que han realizado la valoración técnica de los proyectos con la misma empresa.
"Del examen de ambas denuncias y documentación se deduce, sin perjuicio de que necesitan de depurada investigación para su correcta comprobació, que los hechos denunciados pueden ser constitutivos, sin perjuicio de una ulterior y más depurada calificación, de los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias", concluye para formular la denuncia.
El consejo de administración de 'Almería Urban' resolvió en noviembre iniciar acciones legales "personales" contra los miembros de la Comisión Provincial de Patrimonio y de la junta directiva del Colegio de Arquitectos por supuestos perjuicios económicos y sociales a la ciudad" derivados de la no ejecución" del proyecto del Mesón Gitano.
La decisión llegaba después del auto del TSJA que ordenaba suspender cautelarmente el contrato de obras a raíz de un recurso interpuesto por el órgano colegial. El mismo día que se daba a conocer este auto, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería acordaba retirar de su orden del día la información que tenía previsto dar sobre el proyecto, que actúa en el entorno del conjunto monumental de La Alcazaba y que cuenta con financiación procedente de fondos europeos que podría perderse en caso de no ejecutarse en tiempo y en forma.
El Plan Urban es un proyecto de regeneración del Casco Histórico de Almería, cofinanciado por fondos Feder de la UE y por el Ayuntamiento de Almería, que fue aprobado tras su presentación a la convocatoria del Programa Operativo de Andalucía para el periodo de actuación 2007-2013, y cuya autoridad de gestión es el Ministerio de Economía y Hacienda. El objetivo es la revitalización y mejora de la zona más degradada del centro histórico.
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