La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha anunciado este martes que los servicios jurídicos estudiarán pedir la recusación de hasta cuatro jueces del Tribunal Constitucional (TC) que deben fallar sobre la Declaración de Soberanía que aprobó la Cámara, por su "animadversión contra los nacionalismos territoriales".
En declaraciones a los medios tras reunirse la Mesa, ha precisado que se lo plantean porque han demostrado una "afinidad ideológica" que les impide pronunciarse de forma imparcial sobre la Declaración, que el Gobierno central llevó al TC.
Núria de Gispert ha insistido en que la Declaración es política y no jurídica, por lo que el TC no debería considerarla anticonstitucional, y ha explicado que la decisión se ha tomado por una "mayoría" de los miembros de la Mesa.
Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han precisado que la Mesa ha avalado la iniciativa de la presidenta con los votos a favor de CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA, y el único voto en contra del PP, mientras que C's y la CUP no se han pronunciado porque no tienen representación en este órgano de la Cámara.
Según De Gispert, dos de los magistrados del Alto Tribunal que serán estudiados por los servicios jurídicos son Pedro González-Trevijano y Enrique López por sus pronunciamiento reiterados sobre el nacionalismo y el derecho a decidir en publicaciones, conferencias y seminarios de la Fundación Faes.
La iniciativa de estudiar la recusación ha sido de De Gispert, que ha encargado este informe "con urgencia y a fondo" a los servicios jurídicos tras las informaciones que ha podido leer en los medios de comunicación de los debates que están teniendo los magistrados sobre la Declaración de Soberanía.
EL PRECEDENTE
El Parlament ya solicitó antes del verano de 2013 la recusación del presidente del Alto Tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, al acusarlo de falta de imparcialidad por su reconocido pasado en el PP, una recusación que no fue aceptada.
De Gispert ha recordado que la Constitución Española recoge que los miembros del TC "deben ser independientes y que la independencia se tiene que considerar desde la imparcialidad y la neutralidad".
También ha recordado que, antes de la sentencia del Estatut, fue recusado Pablo Pérez Tremps por haber redactado un informe para la Generalitat, algo que a ella le pareció una "exageración" pero que impidió al magistrado pronunciarse sobre la ley orgánica.
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