La juez Mercedes Alaya ha acatado la orden dictada la semana pasada por la Audiencia Provincial de Sevilla y ha devuelto las distintas denuncias por las presuntas facturas falsas del sindicato UGT-A a los juzgados donde inicialmente recayeron, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, que han apuntado que, con casi toda probabilidad, será el juez de Instrucción número 9 de Sevilla el que se haga cargo de la investigación al ser el primero que recibió una denuncia por este asunto.
Hay que recordar que, en un auto dictado el día 5 de marzo, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial acordó que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla dejara de investigar las irregularidades descubiertas en la contabilidad de UGT-A, con el presunto desvío de subvenciones públicas para gastos ajenos al objeto de dichas ayudas y el falseamiento de facturas para justificar el gasto de tales subvenciones, ya que entiende que esta investigación no guarda relación alguna con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
En dicho auto, la Sala estimó parcialmente un recurso en el que la Fiscalía Anticorrupción advertía de que, a fin de evitar posibles nulidades, la competencia para investigar las facturas de UGT no es de la juez Mercedes Alaya, sino del juez "predeterminado por Ley", como es el juez que recibió la primera denuncia, que en este caso es el de Instrucción número 9 de Sevilla.
De este modo, la juez Mercedes Alaya ha devuelto esta primera denuncia al Juzgado de Instrucción número 9 y el resto de denuncias a los juzgados donde fueron recayendo posteriormente, los cuales, a su vez, están remitiendo dichas denuncias a Instrucción 9, que será quien presumiblemente se quede con la investigación en torno únicamente a las presuntas facturas falsas de UGT, aunque primero tiene que dictar un auto en el que confirme que asume la causa y se pronuncie sobre el secreto que pesa sobre las actuaciones.
El pasado 12 de septiembre, conviene recordarlo, la juez Alaya incoó nuevas diligencias que declaró secretas derivadas de la denominada operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil y en la que se investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
INSTRUCCIÓN NÚMERO 9
Tras ello, concretamente en octubre, el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, decidió dar traslado a la juez de la primera denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra UGT, que había recaído en el Juzgado de Instrucción número 9, que incluso llegó a incoar diligencias previas.
No obstante, el juez de Instrucción número 9 de Sevilla planteó una cuestión de competencia al juez decano, quien tras estudiar la situación decidió dar traslado de la denuncia a la juez Mercedes Alaya, quien "conoce de los mismos hechos por razones de investigación judicial con anterioridad" a Instrucción 9.
A la hora de remitir la denuncia a la magistrada Mercedes Alaya, el juez decano de Sevilla valoró que "el conocimiento previo de los hechos prima" sobre la fecha de incoación de las diligencias por parte de Instrucción 9, que es anterior a la fecha en que Alaya abrió las citadas diligencias declaradas secretas en septiembre.
Es decir, y según el criterio adoptado en su día, se entendía que la denuncia de Manos Limpias guardaba relación con las diligencias incoadas en septiembre por Alaya, por lo que la misma y las sucesivas denuncias fueron incorporadas a las diligencias secretas abiertas por la magistrada y que derivaban de la operación 'Heracles'.
En resumen, la Audiencia ha decidido retirar a la juez Mercedes Alaya únicamente la investigación sobre las facturas falsas de UGT denunciadas por Manos Limpias; así, la magistrada sí se queda con la investigación sobre la financiación irregular de los sindicatos que abrió en septiembre y que, a día de hoy, continúa bajo secreto de sumario.
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