Las familias que habitan sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', han manifestado este lunes que la Policía Nacional "no deja de pasar" por el enclave, si bien confían en que "pronto llegue una solución" y no sea consumado finalmente el desalojo forzoso ordenado por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que incluso ha ordenado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que den cumplimiento a dicha orden. El colectivo, además, admite que "algunas familias" han abandonado el edificio ante el temor de tener que afrontar el agrio "trago" de un desalojo forzoso.
Elena, una de las portavoces del colectivo de familias, ha manifestado a Europa Press que todo sigue pendiente de las "noticias" que emanen o no de la "comisión bilateral" acordada entre las administraciones local y autonómica para propiciar un desalojo voluntario de las viviendas, pues merced a las acciones judiciales de la propiedad de las mismas, el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha ordenado el desalojo forzoso del edificio a cuenta de su presunta usurpación, instando incluso a las fuerzas de seguridad del Estado que den cumplimiento a esa orden, pues han transcurrido de sobra los 15 días habilitados como periodo previo al desalojo.
Mientras la Junta de Andalucía habría analizado la posibilidad de realojar a estas personas en unas viviendas protegidas de su titularidad, previo paso por unas VPO municipales porque las primeras esperan aún la conclusión de su construcción, esta portavoz de las familias manifiesta no conocer detalles de la negociación. Aunque "la Policía no deja de pasar", las familias confían en que "haya pronto alguna solución". Por último, ha admitido que "algunas" familias han abandonado voluntariamente las viviendas durante los últimos días porque tienen menores a su cargo y temen el duro "trago" del desalojo forzoso". "Algunos se han ido con familiares, pero hay otras familias con críos que, sencillamente, no tienen a dónde ir", enfatiza por último esta portavoz del colectivo.
VIVIENDAS OCUPADAS DESDE 2012
Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.
Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo y el conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica, pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad de las viviendas, a cuenta de la usurpación de las mismas.
Las familias esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.
LA 'CORRALA UTOPÍA'
Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de cinco familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.
Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba recientemente un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas.
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