La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha citado a declarar como imputados este viernes a Álvaro Mollinedo Gómez como responsable de Relaciones Laborales de la Delegación de Andalucía de FCC-Medio Ambiente y a José Antonio Pérez Santos como responsable de Relaciones Laborales en la zona de Andalucía de Cespa S.A..
La magistrada Mercedes Alaya, conviene recordarlo, también ha imputado como responsables civiles a ambas empresas porque al menos 18 trabajadores no cobraron las subidas por las que sus compañías fueron destinatarias de 452.000 euros de la Junta para poner fin a una huelga de limpieza en Granada.
En un auto, consultado por Europa Press, la instructora señala que, con motivo de la huelga de la limpieza pública de Granada en 2004, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero propuso a las partes que la Junta "asumiría el pago lineal a los trabajadores durante los años de duración del convenio", acordándose una póliza cuyos beneficiarios eran Cespa y FCC, con una renta total a percibir de 452.000 euros cada una.
Ahora, la juez Alaya ha incorporado a la causa unas diligencias del Juzgado de Instrucción número 7 de Granada en la que varios trabajadores denuncian que no todos ellos recibieron las subidas salariales pactadas con las empresas.
La juez realizó estas imputaciones tras la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó en un escrito la imputación de aquellas personas que, "de forma indiciaria, tenían conocimiento de que, sin procedimiento alguno y mediante la figura de beneficiario de pólizas de seguros, han posibilitado que dos sociedades mercantiles hayan cobrado cada una de ellas como mínimo la cantidad de 276.222 euros de la Junta".
En este sentido, la instructora señala que, "si bien es cierto que dichas empresas no resultaron firmantes de dichas pólizas, éstas serían indiciariamente conocedoras de su ilegalidad y no objetaron nada a la irregular forma en que fueron receptoras de las cantidades referidas y a pesar de no haber efectuado solicitud alguna para ser beneficiarias de dichas ayudas".
"A pesar del conocimiento de las investigaciones que se vienen practicando, ambas empresas no han procedido a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, conducta omisiva que lleva a esta instructora" a dar traslado como responsables civiles a Cespa y a FCC-Medio Ambiente y a imputar a dos de sus responsables "por su participación activa en la concesión de estas ayudas".
La causa de los ERE acumula ya 144 personas imputadas.
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