La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha señalado, en relación con el conflicto de las familias que habitan sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de Ibercaja, en Sevilla, que la Policía Nacional solo atiende y cumple órdenes judiciales, no hace consideraciones. Por tanto, ha precisado que la orden de desalojo ya está dada y lo que se está viendo es el momento idóneo.
En este punto, la delegada del Gobierno ha explicado este jueves que puede darse una situación de peligrosidad, por lo que "se traslada a la jueza y al fiscal cuándo es el momento más idóneo".
"La Policía advierte de las circunstancias, de cómo se puede hacer el desalojo para evitar problemas colaterales", ha indicado; sin embargo, ha especificado, "la cuestión de la exclusión social le compete valorarla a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento".
De igual modo se ha pronunciado el jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, Miguel Rodríguez Durán, quien ha afirmado que este tipo de actuaciones exigen "una mayor prudencia y una mayor preparación para evitar inconvenientes y situaciones no deseables con las personas que se encuentran ocupando los inmuebles".
Crespo, quien ha presidido en Málaga la reunión de la Comisión de Igualdad y Violencia sobre la Mujer, ha hecho referencia a la reunión celebrada este pasado miércoles entre el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a cuenta de este conflicto, y ha apuntado que "estamos pendientes de que el Ayuntamiento y la Junta estudien la situación social de las familias".
Y, en consecuencia, ha agregado la representante del Gobierno en Andalucía, que "se les dé una salida si realmente están en situación de exclusión social". "Estaremos muy al tanto", ha apostillado.
El Juzgado de Instrucción número 3 ha ordenado ya tanto el desalojo forzoso como que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado den cumplimiento a dicha orden. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado curso a la demanda promovida por las familias.
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