La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige Jesús Maeztu, ha admitido a trámite una queja cuya revisión había solicitado un colectivo de maestras de educación en escuelas infantiles públicas andaluzas (de 0 a 3 años) que critica su "injusta" exclusión de las bolsas de trabajo por parte de la Junta en base a la "sorpresiva" modificación de requisitos.
Fuentes del citado colectivo han indicado a Europa Press que tras una primera resolución del anterior Defensor, José Chamizo, dictada en 2012 a favor de las maestras argumentando la validez de la titulación de estas trabajadoras --núcleo de la cuestión-- para el desempeño de esta categoría, avalada por leyes de rango superior al convenio colectivo y a los acuerdos de la Junta, Maeztu ha vuelto a iniciar gestiones para trasladar la queja a la administración.
El problema de estas técnicos superiores en Educación Infantil, personal laboral de escuelas infantiles públicas de la comunidad, es que en toda Andalucía muchas fueron contratadas por la Junta con la titulación de maestras de Educación Infantil (0-6 años), puesto que su acreditación engloba tanto al primer como segundo ciclo; sin embargo, manifiestan, "la Junta nos excluye de bolsas injustamente y somos la única comunidad española en la que está ocurriendo esta barbaridad".
Y es que en el 2005 se produjo lo que consideran un "sorpresivo" cambio en los requisitos, únicamente para esta categoría profesional, justificándose con las nuevas exigencias de titulaciones de Formación Profesional, "aunque, sin embargo, para el resto de categorías del grupo III continúa la opción de acceder también con tres meses de experiencia".
De esta manera, lamentan, las personas con titulación de maestras en Infantil aparecen en los años consecutivos excluidas de bolsas "por tener la titulación de maestras de Educación Infantil". El Ejecutivo andaluz "hace caso omiso a la legalidad y continúa la exclusión, a pesar de que muchas de nosotras estamos trabajando en contratos de vacantes", continúan.
A juicio de las afectadas, la Junta comete "un grave error que no subsana", añadiendo que ya hay personas que han ganado sentencias por este caso. Las afectadas en Andalucía, añaden, recurrirán a los tribunales, "porque nuestro futuro está injustamente en juego".
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