La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó un total de 2.866 quejas procedentes de Andalucía en 2013, lo que supone un descenso del 32,9 por ciento con respecto al año anterior, en el que hubo un repunte como consecuencia del impacto de los recortes en ámbitos como la sanidad o la educación, la supresión de la paga extra a los funcionarios, las participaciones preferentes o los compromisos hipotecarios a los que los ciudadanos no podían hacer frente por la crisis.
Esas casi 3.000 quejas procedentes de Andalucía suponen el 12,6 por ciento de las 22.692 registradas en el conjunto del país, una cifra que evidencia un descenso del 32,2 por ciento con respecto a 2012.
Pese al descenso del número de reclamaciones, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, destaca en este informe anual 2013, que este jueves ha entregado a los presidentes del Congreso y el Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, respectivamente, que las dificultades económicas "continúan" respecto a 2012 y que las circunstancias "no han cambiado de manera súbita" para los ciudadanos españoles.
Las solicitudes de recurso de inconstitucionalidad han experimentado una reducción considerable, ya que han pasado de 246.743 en 2012 a 10.128 en 2013, un 96 por ciento menos. La Oficina del Defensor del Pueblo aclara que el año pasado la mayoría de estas peticiones se presentaron con motivo de la supresión de la paga extra de los funcionarios.
En Andalucía las solicitudes para un recurso de inconstitucionalidad b ajaron de 42.603 en 2012 a 4.273 de 2013, un descenso de un 89,9 por ciento.
"Es conveniente manifestar que, en muchas ocasiones, los ciudadanos que solicitan la interposición de recurso lo que expresan es su discrepancia con una ley, y que esta discrepancia o rechazo no significa motivo de inconstitucionalidad", señala Becerril en el documento.
CONTRA EL DECRETO DE LOS FUNCIONARIOS INTERINOS
Entre las solicitudes para la interposición de recurso ante el Constitucional están las que pidieron esa iniciativa contra el decreto andaluz sobre los funcionarios interinos de la administración andaluza, que hicieron diversos ciudadanos a título particular, una organización sindical de funcionarios andaluza y el representante de los empleados públicos de la Administración General de la Junta.
Los ciudadanos que solicitaron el recurso entendían que, según la norma, la selección de este personal se realizará en primer lugar entre el personal funcionario interino que, a partir de la entrada en vigor del presente decreto-ley, cese en el desempeño de su puesto por resultar adjudicado a un funcionario de carrera en cualquiera de los procesos reglamentarios de selección o provisión, siempre que estuviere prestando servicios con anterioridad a 1 de enero de 2005, y que, a 31 de diciembre de 2013, cuente con cuarenta y cinco o más años de edad.
Asimismo, un numeroso colectivo de ciudadanos a título individual y una organización sindical de funcionarios del ámbito de esa comunidad autónoma se dirigieron a la Oficina del Defensor del Pueblo expresando su apoyo a la medida contenida en el decreto y y su oposición a la solicitud de interposición de recurso, por considerar la norma citada plenamente constitucional.
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz también remitió al nacional diversas quejas en las que se solicitaba la interposición de recurso, así como otra, presentada por la organización sindical y acompañada de 3.200 firmas, contraria a la interposición del recurso.
El escrito de remisión el Defensor del Pueblo Andaluz llegó a Madrid acompañado de un informe en base al cual, y tras conocer la opinión de los miembros de su Junta de Coordinación, la oficina andaluza acordaba no instar la interposición de recurso de inconstitucionalidad por considerar la norma plenamente ajustada a derecho.
Así las cosas, la institución que dirige Becerril no interpuso ningún recurso pero formuló a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía una recomendación y un recordatorio de deberes legales en los que señalaba que "con el fin de que, en cumplimiento de la normativa vigente, se incluyan las plazas dotadas presupuestariamente, ocupadas por funcionarios interinos, en la próxima Oferta de Empleo Público, que debería incluir la convocatoria de los procesos de consolidación previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público".
Asimismo, ha pedido que esas plazas se oferten en los concursos de provisión que se convoquen, para posibilitar la cobertura ordinaria de las mismas; o, alternativamente, en caso de no ser imprescindible su cobertura, que se acuerde su amortización.
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