El Juzgado de Instrucción número 1 de Huércal-Overa (Almería) ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para R.R.T., uno de los presuntos extorsionadores denunciados por el Ayuntamiento de Albox que fue detenido después de que se negarse a realizar una prueba de alcoholemia en un control de tráfico pese a presentar "evidentes signos de embriaguez".
R.R.T., de 52 años, ha prestado declaración en sede judicial en la mañana de este lunes como autor de presuntos delitos contra la seguridad vial, atentado contra la autoridad y amenazas, por lo que el juez ha decidido ordenar su ingreso en el centro penitenciario provincial de El Acebuche, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.
El otro presunto extorsionador denunciado por el Ayuntamiento de Albox y detenido a lo largo de este fin de semana ha sido enjuiciado en un juicio rápido por incumplir una orden de alejamiento en vigor procedente del Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa.
Las mismas fuentes han indicado que en transcurso de la vista, J.L.J. alias 'El Chatarrero' y de 49 años, ha mostrado conformidad después de que la Fiscalía haya interesado la interposición de una multa por quebrantamiento de medida cautelar cuyo importe no ha sido precisado.
La Guardia Civil detuvo a ambos en dos actuaciones, una de ellas en colaboración con la Policía Local, fruto de la intensificación la vigilancia en el municipio tras la denuncia interpuesta por el regidor albojense, Rogelio Mena (PSOE) y aprobada en el pleno de la corporación municipal.
Mena registró el pasado día 19 en el juzgado decano de Huércal Overa la denuncia en la que solicitaba como medida cautelar el ingreso en prisión de ambos, la prohibición de residir en la localidad y una orden de alejamiento de todos los establecimientos de la localidad "con la finalidad de evitar que se repitan las presuntas situaciones de extorsión"
La denuncia registrada señala que los presuntos delitos de extorsión, coacciones y amenazas cometidos por los denunciados están tipificados en el Código Penal con penas de entre uno y cinco años de prisión y recoge que a ambos les constan antecedentes penales por los que estuvieron en prisión.
Remarca que esto, junto con "la gravedad de los hechos que presuntamente se están produciendo y la alarma social generada", llevaría a pedir a los tribunales esta serie de medidas cautelares.
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