El exsecretario general del sindicato UGT en Cádiz Salvador Mera ha presentado un aval bancario con el que ha cubierto la totalidad de los 251.041,37 euros que le fueron impuestos en concepto de responsabilidad civil por la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya explica que el imputado ha presentado un aval bancario emitido por Banco Popular Español por importe de 251.041,37 euros a fin de cubrir las responsabilidades civiles exigidas.
La instructora considera que el aval es "suficiente", ha sido "debidamente" inscrito en el Registro Especial de Avales, y ha sido emitido "a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del presente procedimiento".
El aval, según indica la magistrada, "es pagadero al primer requerimiento, de carácter solidario, con renuncia expresa al beneficio de exclusión y con validez hasta que este Juzgado o el órgano judicial superior correspondiente autorice su cancelación o devolución".
Por todo ello, la juez declara "bastante" el aval bancario presentado y declara "solvente" a Salvador Mera, que fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Heracles' junto a otros sindicalistas, como el que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A entre 1991 y 2009 Manuel Roberto Carmona Soto.
La juez instructora considera que tanto Salvador Mera como Manuel Roberto Carmona, ocupando los cargos anteriormente referidos, se dirigieron entre 2006 y 2007 al dueño de Uniter, José González Mata, a fin de solicitarle "que les hiciera entrega de ciertas sumas de dinero" para "paliar los gastos que habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la llamada Faja Pirítica en concepto de viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria".
Alaya, que asevera que ambos imputados hicieron esta petición "a sabiendas de que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos", pone de manifiesto también que "ninguno de los conceptos" anteriores "respondía a gastos necesarios soportados realmente", aunque González Mata "admite dicha reclamación para retribuir el papel de los sindicatos como facilitadores del proceso, pues conocía las consecuencias de lo contrario".
LOS PAGOS
De esta manera, "llegaron a un acuerdo" por el que tanto UGT como CCOO "recibirían sendos pagos de 180.000 euros", dice la magistrada, quien asevera que "de esta forma los sindicatos UGT y CCOO cobrarían de Uniter 3,2 millones y de Vitalia 4,2 millones a lo largo de la década pasada", lo que hace un total de 7,6 millones de euros "con cargo a las sobrecomisiones abonadas por la Junta".
La juez asevera que estas comisiones, en ocasiones, se cobraron "doblemente", citando por ejemplo el caso de CCOO en Delphi, donde se cobraron comisiones en Madrid y en Andalucía. Según la instructora, se trataba de comisiones "a veces altísimas, según la documentación recabada".
Según la instructora, "las comisiones de los sindicatos por la Faja Pirítica en 2007 fueron 266.391,63 euros y en 2008 de 206.739,45 euros".
En el caso de Salvador Mera, le impuso una fianza civil de 188.762,90 euros por "la cuantía reclamada a Uniter por el sindicato UGT" más el tercio legal previsto, lo que eleva la suma a 251.041,37 euros.
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