La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue si el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, habrían intervenido en la concesión de una serie de ayudas, según un auto consultado por Europa Press.
En un escrito del pasado 28 de noviembre, el abogado del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero solicitó a la juez Mercedes Alaya que tomara declaración a ambos, aunque la magistrada concluye que "no ha lugar a recibir declaración" a Villalobos y Valderas "hasta tanto no conste el resultado de dicha investigación".
En su escrito, el abogado Fernando de Pablo señalaba que, "a lo largo de las presentes diligencias, se viene cuestionando, en relación a la concesión de ayudas, la carencia de publicidad, solicitud, ejecución y justificación".
El letrado añadía que, "en los primeros momentos del tiempo investigado y a modo de ejemplo, fueron concedidas --con cargo a la partida 31.L-- ayudas a la Diputación Provincial de Sevilla --'Sevilla son sus pueblos'--, a través de su empresa instrumental 'Sevilla Siglo XXI', y a las empresas 'Autologística de Andalucía S.A.' y 'Centro Limpieza Industrial Huévar'".
Según el abogado, "en dichas ayudas intervinieron muy activamente Fernando Rodríguez Villalobos y Diego Valderas", por lo que solicitaba la declaración de ambos "con el fin de acreditar la 'solvencia' de dichas ayudas".
La juez ha acordado, en su auto, dar traslado de este escrito a la Guardia Civil "para que investigue los hechos expuestos", por lo que, "consecuentemente, no ha lugar a recibir declaración" a ambos "hasta tanto no conste el resultado de dicha investigación".
El abogado de Guerrero también había solicitado a la juez que llamara a declarar al superior jerárquico de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan el caso ante la "falsedad" e "inexactitud" del informe realizado sobre los movimientos en sus cuentas bancarias, pero la juez concluye que "no ha lugar por ahora a recibir declaración al jefe de la UCO hasta tanto no se complete la instrucción".
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