La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes lamenta el ejercicio de engaño político y desconocimiento de Foro Ciudadano cuando culpa al Gobierno municipal de las condiciones que recoge el Programa de Ayudas a la Contratación decreto ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía de la Junta. Recuerda que la alcaldesa va a mantener, mañana viernes, una reunión con estos trabajadores para aclarar las dudas que tengan sobre la aplicación del decreto y conocer de primera mano las necesidades que hayan podido plantearse en la aplicación del decreto.
La delegada acusa al partido de la oposición de utilizar la desgracia ajena para sacar beneficio político y afirma que no es momento de oportunismo político sino de garantizar la protección social. La delegada pide a Foro que rectifique, y han enviado a este grupo el decreto de exclusión para facilitar esta rectificación a la que está obligado "porque no se puede jugar los sentimientos ni crear falsas expectativas", ha señalado. La delegada refiere que "tanto en la elaboración del decreto como en el desarrollo del mismo la Junta no ha contado ni con los ayuntamientos, ni con los grupos políticos, ni con las organizaciones del tejido asociativo".
Isabel Paredes subraya por ello que las condiciones del Programa de Ayudas a la Contratación son claras y meridianas. "Las condiciones las pone la Junta (no el Ayuntamiento); el contrato debe realizarse de conforme a la normativa laboral vigente y tendrán una duración entre quince días y tres meses", dice el decreto. El decreto añade que la financiación de cada contrato incluido en el Programa no superará, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, "los 1.000 euros en cómputo mensual", "cantidad que a todas luces es un sueldo muy bajo del que Foro intenta culpar ahora al Ayuntamiento", ha afirmado Isabel Paredes.
Foro debería saber que este programa autonómico –ha explicado la delegada- consiste "simple y llanamente" en la asignación de una cuantía económica a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía destinada a la contratación de personas que se encuentren en situación de demandante de empleo durante un período ininterrumpido igual o superior a un año y pertenezcan a una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. "Es decir, la Junta da un dinero para que sean los ayuntamientos los que atiendan y den la cara ante los ciudadanos con un contrato de empleo de un máximo de tres meses". Prueba de quién es la administración competente de empleo es que entre los requisitos exigidos a las personas destinatarias se dice que presenten un certificado del Servicio Público de Empleo (Junta de Andalucía) que acredite que la persona solicitante se encuentra inscrito como demandante de empleo durante un periodo ininterrumpido igual o superior a un año", señala la delegada.
El Ayuntamiento –recuerda la delegada- ha llevado a cabo la contratación de 433 personas como peones optando por una relación laboral de tres meses, y no de quince días, aunque tenían la posibilidad de elegir entre contratos con una duración entre quince días y tres meses. "Hemos optado por esta contratación al entender que un contrato de quince días a penas permite reducir el riesgo de exclusión social en los beneficiarios, ya que dicha relación laboral proporcionaría unos ingresos muy escasos frente a los tres meses de contrato. Foro debería saber que el decreto señala que la contratación debe estar ajustada al cumplimiento de lo establecido en la legislación laboral vigente"
La financiación de 1.300.000 euros, aportada por la Junta de Andalucía, no permite dar empleo a las 2.121 personas reunían los requisitos fijados en las bases, lo que ha supuesto dejar fuera de la contratación a 1.688 personas que, aún reuniendo los requisitos no pudieron ser contratadas por falta de más financiación de la Junta y porque según la baremación del decreto de la Administración autonómica tenían menos puntuación. "Por ello el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Andalucía un nuevo decreto con más financiación para poder dar respuesta a la situación actual ya poder atender a más personas".
El Gobierno municipal reprocha a Foro que hable de dejadez cuando gracias al PP los Servicios Sociales han duplicado los servicios de urgencia social "para dar respuesta a todos los ciudadanos y desde 2010 a 2013 las ayudas sociales se han incrementado en un 64% al pasar de 1.514.000 euros a 2.485.927 euros. A diferencia de otros gobiernos municipales que ya forman parte del pasado de la ciudad, este gobierno municipal ha ejecutado el presupuesto de ayudas en un 130%. Frente a una Junta de Andalucía que ha recortado los programas de política social en un 48%, como se refleja en los presupuestos 2013-2014".
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