La eclosión de propuestas de ciudades de la Justicia por toda la geografía española respondió, en su momento, a un modelo de ciudad propio de una etapa económica enormemente expansiva y, como tal, se manifestó en los años previos al estallido de la denominada burbuja inmobiliaria. Se plantearon como un conjunto de edificios singulares sobre grandes solares periféricos. Sería Valencia la pionera, como en tantas otras iniciativas similares, con su Ciudad de la Justicia de 114.000 m2 de edificabilidad, la segunda entonces mayor del mundo tras Tokio, emplazada frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, e inaugurada en marzo de 2003.
No tardó en seguirla Madrid que, en julio de 2004, presentó públicamente su proyecto de Campus de la Justicia en Valdebebas: 260.000 m2 de edificabilidad distribuidos entre 14 edificios, presupuestados en 500 millones de euros y proyectados por los inevitables “arquitectos estrella” del momento: Norman Foster, Zaha Hadid, Richard Rogers, Alejandro Zaera, etc. (Casi 10 años después el proceso está parado, la sociedad gestora está en proceso de disolución y liquidación, y solo se ha construido, en un erial, un edificio que, tras costar más de 19 millones de euros, lleva 3 años vacío).
En nuestra comunidad solamente Málaga consiguió materializar una primera fase (un macroedificio de 70.000 m2) en los últimos momentos previos al estallido de la burbuja: noviembre de 2007. Las correspondientes de Córdoba o Jaén no pasan de ser solares. Antes de analizar el caso de Sevilla es preciso apuntar algunas consideraciones.
En el contexto socioeconómico actual de crisis, con la contención del gasto público y el freno a la expansión urbana indefinida es impensable mantener tales planteamientos. Únase a ello también la perspectiva de cambios legislativos en la organización de la justicia, actualmente en estudio. Por otra parte la permanente promesa de traslado a unas “nuevas y modernas instalaciones” ha impedido, en la mayoría de los casos, las necesarias obras de mejoras de las actuales sedes. Procede, por tanto, revisar la conveniencia de seguir apostando por este modelo urbano de macrosede judicial, tal vez no solo obsoleto e inadecuado sino, sobre todo, irrealizable a corto y medio plazo. Veamos ahora el caso de Sevilla.
Insistiendo en el tópico “fagamos una Ciudad de la Justicia tal…” la Junta de Andalucía y el anterior Ayuntamiento plantearon, al rebufo del siempre anunciado pero utópico traslado de la Feria, una ambiciosa propuesta de 200.000 m2 edificables en aquella zona. Esta exagerada dimensión triplica la superficie actual de las sedes judiciales sevillanas (65.000 m2), casi dobla la de la valenciana y se aproxima a la pretensión inicial madrileña, ya hoy frustrada. El coste estimado no bajaría de los 350 millones de euros. ¿De verdad son necesarios tantos metros cuadrados? Si, hipotéticamente, llegara esa inversión a Sevilla ¿ese sería su mejor destino? En una ciudad plagada de edificios monumentales semiabandonados, ¿es lícito dedicar tal inversión a la construcción de media docena de bloques de oficinas, de 10 y 12 plantas, frente a los jardines del Alcázar como ahora plantea nuestro alcalde?
Pensemos por ejemplo en la cercana Fábrica de Artillería. Dispone de 18.000 m2 construidos que, con una restauración respetuosa, podría alcanzar un 30 o un 40% más de capacidad. No se argumente que sería muy costosa o que, este uso, es inadecuado. En una época económicamente más difícil, la Fábrica de Tabacos se restauró y acogió la universidad hispalense y, gracias a ello, hoy podemos disfrutarla plenamente.
Y si alguien reclamase una construcción más funcional y próxima al Prado, recupérese además el proyecto de Rafael Moneo junto a la estación de autobuses (24.000 m2). Sólo con estas dos intervenciones se duplicaría la capacidad actual de las sedes judiciales. Dejémonos de polémicas y propuestas ampulosas, vanas e irrealizables y afrontemos con seriedad y rigor nuestras necesidades reales.
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