El desarrollo del Decreto-Ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social aprobado por la Junta de Andalucía, que contemplaba la transferencia de una cantidad económica a los ayuntamientos para llevar a cabo una serie de contratos temporales, ha sido puesto en tela de juicio por sindicatos como CCOO.
El secretario local de esta organización, Rafael Tejada, mantuvo ayer un encuentro con representantes de los 433 beneficiarios de la iniciativa en Jerez, que le trasladaron sus quejas al considerar que finalizada su relación laboral con el Consistorio -de tres meses y a tiempo parcial- quedan en situación de “desamparo”, toda vez que no tienen derecho a ningún tipo de prestación.
CCOO acusa al Ayuntamiento de “falta de transparencia”, ya que supuestamente no informó de esta circunstancia cuando se tramitaron las contrataciones. Además, Tejada lamenta el “agravamiento” de la situación de exclusión social que padecerán “todas estas personas una vez que vayan llegando la finalización del contrato de trabajo, ya que perderán todo derecho a seguir percibiendo prestación social alguna, ni siquiera aquella que venían percibiendo anteriormente”.
Por ello, CCOO insta al Gobierno local a realizar un ejercicio de “sensibilidad social” y a “dar una solución satisfactoria” a las personas que resultaron beneficiarias de esa iniciativa.
En el marco del decreto
El Ayuntamiento, por su parte, entiende que en el proceso cumplió las bases del Programa de Ayuda a la Contratación del Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la Exclusión Social en Andalucía.
Así, recuerda que se llevó a cabo la contratación de 433 personas como peones optando por una relación laboral de tres meses, y no de quince días, ya que los ayuntamientos tenían la posibilidad de elegir entre contratos con una duración entre quince días y tres meses.
Esta semana, la alcaldesa, María José García-Pelayo, tiene previsto mantener una reunión con estos trabajadores para aclarar las dudas que tengan sobre la aplicación del decreto y conocer de primera mano las necesidades que hayan podido plantearse. En este sentido, desde que el Gobierno local ya se avanza que el Ayuntamiento tiene previsto solicitar a la Junta de Andalucía un nuevo decreto con más financiación para poder dar respuesta a la situación generada.
La delegada de Bienestar Social, Isabel Paredes, ha aclarado además que el Consistorio optó por contrataciones de tres meses -y no de quince días- precisamente para tratar de favorecer a los beneficiarios, al considerar que con contratos de un par de semanas difícilmente podía corregirse la situación de exclusión de estas personas.
La Junta dotó esta iniciativa con 1,3 millones de euros, una partida con la que debían abonarse los salarios, seguros sociales y otros gastos. El alquiler de maquinaria y material diverso para la ejecución de los trabajos implicó un coste de 309.700 euros, según el Consistorio.
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