La Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido a la Consejería de Fomento y Vivienda información sobre los fondos finalistas para vivienda después de la denuncia presentada por varios promotores inmobiliarios de Granada, Sevilla y Almería, que le han solicitado que investigue el destino dado a 11 millones de euros de subvenciones del Estado dirigidos a empresas constructoras para la construcción de VPO.
Según han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Jesús García Calderón, una vez se reciban los datos al respecto, estos serán estudiados, y el Ministerio Público decidirá si abrir o no diligencias de investigación penal.
La denuncia ante la Fiscalía Superior fue presentada este mes de enero por parte de promotores representados por las organizaciones empresariales ACP Granada, ACP Almería y Gaesco y se produce después de que el sector haya dado por "agotada" la vía administrativa tras más de 20 reclamaciones desde el año 2011.
"Ante la pasividad de los distintos estamentos reclamados de la Junta de Andalucía y la ausencia de respuesta a los requerimientos de pago, nos vemos obligados a instar a la Fiscalía a que estudie si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito por malversación de fondos públicos y/o gestión fraudulenta de subvenciones", señalaron en su día los afectados en un comunicado.
El sector censura que el Gobierno andaluz "no abone estas subvenciones finalistas, a pesar de que el Ministerio de Fomento certificara haber abonado las citadas ayudas a la Junta de Andalucía para que ésta las pagase a los beneficiarios".
PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA
Según aseguraron, éstas son subvenciones recogidas en el Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012 cuyos fondos parten originalmente del Ministerio de Fomento, el cual, una vez conocidos los expedientes, abona a la Junta las cuantías correspondientes y "es esta administración la que debe transferirlas al promotor para la construcción de inmuebles, en su mayor parte vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra".
Los promotores sostienen que este "complejo proceso" se ha ido ejecutando de un modo fluido hasta el año 2010, a partir del cual las subvenciones "no han sido abonadas por la Junta de Andalucía". De hecho, defienden que la denuncia se ha presentado "ante la desesperación de un sector acuciado por la crisis, que a pesar de todo, ha ejecutado viviendas protegidas en Andalucía en unas condiciones financieras adversas, poniendo a disposición de las familias con menos recursos viviendas a precios prefijados y subvencionados".
"Estos precios, por debajo de coste, solo son posibles gracias a las subvenciones, que al no haber sido abonadas mantienen a las empresas promotoras --muchas de ellas, pequeños negocios familiares-- en situación de estrangulamiento financiero próximo a la quiebra", mantuvieron.
En este sentido, censuran que "después de haber ejecutado las viviendas, resulta imposible, tanto a las empresas como a las organizaciones empresariales, seguir investigando el destino de dichos fondos, haciéndose necesario que instancias superiores determinen dónde han sido aplicados, quiénes son los responsables de que no se hayan dirigido al fin para el que fueron presupuestados, el modo en el que reintegrarlos a sus beneficiarios y, en definitiva, el porqué de esta atropellada situación".
REPROCHES
El sector reprocha a la Junta de Andalucía que "no haya aprovechado" en este tiempo los planes de pagos a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para "sacar las deudas de los cajones" y saldarlas para "no seguir poniendo en riesgo la supervivencia de un importante sector generador de mano de obra y puestos de trabajo".
Las organizaciones denunciantes advierten de que estos impagos por parte del ejecutivo autonómico en el sector de la construcción "son una de las causas más señaladas de la destrucción de nuestro tejido productivo y la pérdida de miles de puestos de trabajo en la Comunidad Autónoma, más de un millón de parados, de los que más de un 15 por ciento (155.046 a finales de 2013) son de este sector".
Los denunciantes afirman que los casos llevados ante la Fiscalía, por valor de 11 millones de euros, son sólo algunos a los que han tenido acceso, "pero ni mucho menos los únicos, ya que se calcula que hay expedientes en la misma situación por cuantías que superan los 50 millones de euros".
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