El Gobierno central ha argumentado su recurso ate el Tribunal Constitucional contra la ley de función social de la vivienda de la Junta de Andalucía en el hecho de que esta norma "pone en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito como herramienta fundamental para conseguir una reducción de la prima de riesgo de España y de comenzar la senda de crecimiento económico".
En el recurso, consultado por Europa Press, además de desarrollar otros motivos de inconstitucionalidad de la norma andaluza, como la vulneración de competencias estatales, el Gobierno sostiene, en sus fundamentos de derecho, que "no cabe duda de que las medidas adoptadas por Andalucía a través de los preceptos impugnados comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español".
Asimismo, alude que de esta manera "lo ha entendido la Comisión Europea, que a través de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros ha remitido al Ministerio de Economía y Competitividad una carta en la que señala su preocupación por la 'inseguridad' que generan las medidas andaluzas en el sector inmobiliario e hipotecario español, con 'un consiguiente incremento en la prima de riesgo y en la demanda de activos inmobiliarios españoles'".
El recurso indica que la carta de la CE agrega que ello provocará "una reducción en el valor de activos inmobiliarios con las repercusiones en el balance y en las necesidades de provisión de las entidades de crédito", lo que afectará al "flujo de crédito a la economía y habrá de presentar específicos retos para la Sareb, que tendrá grandes dificultades para llevar a cabo su mandato en materia de gestión de activos", apunta el Gobierno aludiendo a la carta de la CE.
El recurso indica, sobre el mecanismo expropiatorio previsto en la ley andaluza, relativo a la expropiación temporal del uso de la vivienda, que ello "redunda en una absoluta pérdida de valor de la cartera traspasada a Sareb; ningún inversor comprará carteras de vivienda en Andalucía cuando una norma con rango de ley permite al ulterior adquirente permanecer en ella por un plazo de hasta tres años sin satisfacer renta alguna al propietario, lo que convierte en inviable la venta del inmueble".
Agrega que "además "difícilmente el eventual adquirente podrá obtener financiación cuando bajo esta normativa la entidad de crédito se ve expuesta no solo al impago sino también al riesgo de no poder liberar su balance del activo durante tres años por existir ese derecho de uso que con toda probabilidad imposibilitaría cualquier transmisión".
También en los fundamentos de derecho, el recurso cita cuatro informes del Banco de España, así como el Memorando de Entendimiento (MOU) que fija las condiciones del rescate financiero a España, para concluir sosteniendo que el MoU "obliga a las autoridades españolas a consultar ex ante a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y a solicitar asesoramiento técnico del FMI sobre cualquier política no incluida en el MoU que pueda tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa".
El recurso también expone que de ceder el derecho "a favor de su función social, desaparecería la propiedad privada para convertirse en propiedad pública".
OPINIÓN DE CORTÉS
Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha afirmado que el texto del recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, es "una catarata de ideología neoliberal, basada en el discurso del miedo".
"Es un recurso destinado a negar a las instituciones andaluzas el derecho a aprobar leyes con impacto económico en defensa de los trabajadores", ha añadido Cortés en una nota.
El recurso, notificado a la Junta el 22 de enero, sostiene que la Ley andaluza provoca incrementos de la prima de riesgo y "compromete gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español". El Gobierno central alega en el recurso que, "si cediera el derecho a favor de su función social", en alusión a la norma andaluza, "desaparecería la propiedad privada".
"Donde deberían estar los fundamentos de derecho del recurso sólo hay un discurso político neoliberal de defensa de la banca a toda costa, según el cual el cumplimiento del derecho humano a la vivienda en Andalucía es incompatible con la recuperación económica y la bajada de la prima de riesgo", ha señalado Cortés, que ha afirmado que conocer "la letra concreta" del recurso confirma que el mismo supone "un golpe institucional contra la autonomía andaluza para imponer a Andalucía un camino político contrario a la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos".
La Consejería de Fomento y Vivienda, "por el impacto y las consecuencias del mismo sobre la ciudadanía", ha hecho público en su página web el recurso, cuya admisión a trámite fue notificada a la Junta el mencionado 22 de enero por el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.
En dicha notificación, el TC comunica que "por el presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución", lo que produce la suspensión cautelar inmediata y sin entrar en el fondo de la vigencia de los preceptos impugnados, que básicamente son la creación de la figura de vivienda vacía, la potestad de sancionar a personas jurídicas por mantener inmuebles deshabitados durante más de seis meses a lo largo de un año y la expropiación del uso de viviendas para evitar desahucios de familias en exclusión social.
Cortés ha recordado que la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña de 2007 contiene preceptos similares a los recurridos en la norma andaluza, "sin que se haya producido durante su aplicación vulneración alguna de derechos, y sin que se presentase contra la misma recurso de inconstitucionalidad por parte del PP a través de 50 de sus diputados".
"Hay un trato claramente discriminatorio hacia Andalucía", ha afirmado Cortés, ya que la Ley catalana "también establece y delimita la función social de la vivienda y fija infracciones para quienes la incumplan".
A su juicio, "el recurso se basa en elucubraciones descabelladas e hipótesis ya refutadas por los hechos según las cuales la Ley andaluza provocaría el colapso de la economía española".
Cortés ha destacado que, en sus algo más de tres meses en vigor, la Ley ha protegido el derecho a la vivienda de todas las personas incursas en proceso de desahucio en Andalucía, "y ello mientras bajaba la prima de riesgo, como el Gobierno se encarga de repetir a diario, y sin que se haya interrumpido, que se sepa, ese proceso de reestructuración pagado con multimillonarias cantidades de dinero público".
Ante esto, ha afirmado que "el recurso del Gobierno, además de admitir a las claras la intervención de la democracia española por parte de la Troika, pretende negar al Parlamento de Andalucía autonomía legislativa sobre cualquier materia con impacto económico". "Contravenir los dictados de la Troika podrá gustar más o menos políticamente, pero desde luego no es inconstitucional", ha señalado Cortés.
La consejera ha recordado que la norma andaluza tiene "perfecto anclaje constitucional", entre otros, en el artículo 33, que establece que el derecho de propiedad tiene una función social; en el 40, que fija que los poderes públicos promoverán una distribución de la renta más equitativa; el 47, según el cual los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada; y el 128, que señala que toda la riqueza del país está sujeta al interés general. Cortés ha recordado que la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen que toda persona tiene derecho a una vivienda.
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