La Cumbre Social de Huelva ha mostrado su más absoluto rechazo al anteproyecto de ley del Aborto que ha planteado Gallardón con el que “la decisión de interrumpir el embarazo por parte de la mujer vuelve a considerarse un delito y además se eliminan derechos básicos de las mujeres, en un claro retroceso histórico que devuelve a la mujer a épocas ya superadas”. Para la Cumbre Social la actual ley de plazos sí reconoce a las mujeres “el derecho a decidir sobre sí mismas, su sexualidad y su maternidad que les niega la iniciativa suscrita por el ministro de Justicia”.
Igualmente, los representantes de las asociaciones y colectivos que forman parte de la Cumbre Social de Huelva han destacado que en el caso de que finalmente el proyecto siga adelante en los términos anunciados por el Gobierno “España se distanciará del resto de legislaciones europeas que sí reconocen la libertad y capacidad de las mujeres a decidir, hasta el punto de que Francia ha reconocido el aborto como un derecho de la mujer”.
Para las organizaciones sociales con esta reforma, al igual que como con muchas otras, el PP deja al descubierto que muchas de las medidas adoptadas son ideológicas, ya que no buscan combatir la crisis económica sino “contentar a los sectores más ultras de la derecha que consideran un pecado lo que es un derecho para el resto de la sociedad. Por ello, la Cumbre Social ha aprobado por unanimidad respaldar todos los actos promovidos por las organizaciones de mujeres contra la reforma del aborto de Gallardón.
Otro punto que se ha abordado en la reunión ha sido el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que ha sido calificado como “innecesario y represivo”. Para las organizaciones sociales “el Gobierno quiere callar a la ciudadanía inculcando el miedo a golpe de sanción”. Las manifestaciones que se han desarrollado a lo largo de estos dos años han sido pacíficas por lo que lo único que busca este nuevo cambio es “amedrentar a la ciudadanía con una legislación autoritaria”. Desde la Cumbre Social se ha requerido a Rajoy que “gobierne para acabar con las injusticias y no para castigar a quien proteste contra ellas”.
Finalmente, se abordaron otras cuestiones como el tarifazo eléctrico y la congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en las que las organizaciones sociales han mostrado su más absoluto rechazo. Asimismo, sobre la situación de desempleo en la provincia, la Cumbre Social ha mostrado su preocupación tras los últimos datos conocidos por la EPA.
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