La Consejería de Fomento y Vivienda ha comenzado este lunes a remitir cartas a todas las entidades financieras que operan en Andalucía y a los juzgados que entienden de los 37 expedientes de expropiación no culminados tras el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central a la Ley andaluza de Función Social de la Vivienda.
Las cartas, a las que ha tenido acceso Europa Press, están firmadas, en el caso de entidades financieras, por la secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Amanda Meyer, mientras que el caso de las remitidas a los juzgados están firmadas por los delegados provinciales de la Consejería.
Los 37 expedientes de expropiación no culminados son 14 en Málaga; seis, en Granada; cinco, en Córdoba; cinco, en Sevilla; tres, en Cádiz; tres, en Almería, y uno, en Huelva. Además hay dos expropiaciones culminadas, una en Torremolinos (Málaga) y otro en Huelva.
En concreto, el Departamento que dirige Elena Cortés pide mediante las misivas a las entidades financieras o sus filiales inmobiliarias que paralicen en Andalucía aquellos procedimiento de ejecución o apremio que afecten a la vivienda que constituya la residencia habitual y permanente de personas en especiales circunstancias de emergencia social, en tanto no exista un pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional.
En el caso de los juzgados, la Junta solicita la paralización del procedimiento en concreto que se siga en ese juzgado en tanto no exista un pronunciamiento definitivo del TC.
El recurso del presidente del Gobierno, al invocar el artículo 161.2 de la Constitución, ha provocado la suspensión inmediata de los preceptos impugnados sin que el Tribunal Constitucional (TC) entre en el fondo del asunto.
Con esta medida, fuentes de la Consejería han señalado a Europa Press que con esta medida de "justicia social" contribuyen a paliar la situación en que se encuentran "muchos" ciudadanos de Andalucía que, como consecuencia de la actual crisis, se encuentran "en una situación de auténtica emergencia habitacional", con "dificultades para disfrutar de un derecho humano tan básico como una vivienda digna, base necesaria para el pleno desarrollo de los demás derechos constitucionales y estatutarios".
La Consejería trabaja además en la petición de levantamiento de la suspensión cautelar al Tribunal Constitucional, sin necesidad de agotar los cinco meses de plazo máximo, por la desprotección "masiva del derecho a la vivienda que provoca la suspensión".
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