La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba y parlamentaria andaluza, Rafaela Obrero, ha criticado este jueves que la Junta de Andalucía "no va a dar cobertura" a muchos dependientes de la provincia, a pesar de "quedar plazas disponibles" en residencias de mayores, aludiendo al segundo borrador de proyecto de orden para regular la concertación de las plazas con centros de atención especializada para personas mayores y discapacitados.
En una rueda de prensa, Obrero ha hecho un análisis de las políticas sociales aplicada a la gestión de las plazas públicas conveniadas en residencias de mayores, donde "los impagos, los retrasos y los incumplimientos se han convertido en la carta de presentación de la Junta de Andalucía estos últimos años, dejando en una situación 'in extremis' a las residencias de mayores", ha dicho Obrero.
Durante tres años, "los peores de la crisis económica", según ha añadido, el Gobierno andaluz "no ha estado a la altura de las circunstancias, ni ha sabido escuchar a los centros residenciales que en varias ocasiones han elevado no solo sus quejas, sino también sus propuestas para salir de la parálisis a las que se han visto abocados por la insolvencia económica de la Junta de Andalucía".
La parlamentaria cordobesa ha recordado que la Consejería anunció que se iba a bajar un 12% del precio del coste plaza a los centros residenciales, después se redactó un proyecto de orden por el que iban a eliminar todas las plazas públicas que estuvieran en reserva sin cubrir, y esto en "un contexto de parálisis en la tramitación de la Ley de Dependencia, de no cobertura ni siquiera de la tasa de reposición de aquellos dependientes que han ido falleciendo, a pesar de que hay más de 500 expedientes de dependencia sin resolver en la provincia de Córdoba y muchas personas dependientes llevan esperando más de dos años la aplicación efectiva del recurso asignado", entre otros, el derecho a ocupar una plaza residencial.
Según ha explicado, desde hace años, la Junta de Andalucía ha pagado a los centros residenciales el 60% de la plaza pública que estuviera vacante o libre, "sin haberse aprovechado la ocupación efectiva para muchos mayores dependientes en la provincia que han estado en lista de espera". Esto, detalla, supone que con el coste de 12 plazas sin cubrir, se podrían haber ocupado de nueve plazas públicas al coste del 100%, o lo que es lo mismo, "por el dinero que se han gastado en 12 plazas sin cubrir podrían haberse beneficiado nueve dependientes en plazas de residencia", dice Obrero.
También, añade que "la Junta ha estado desaprovechando el dinero público de los andaluces por inacción y dejadez de la administración, y como consecuencia, por una pésima gestión y planificación, muchos mayores no han recibido la atención adecuada en los centros quedando solos en su casa a pesar de su situación de dependencia".
Al respecto, subraya que en la provincia de Córdoba hay 953 plazas públicas en residencias de ancianos. De ellas, unas 190 plazas públicas han estado sin cubrir en 2013, por las que la Junta de Andalucía ha pagado más de dos millones de euros al año estando vacantes.
Mientras, destaca que ahora la Consejería ha redactado un segundo borrador de proyecto de orden para regular la concertación de las plazas con centros de atención especializada para personas mayores y discapacitados. Y en ese borrador se reconoce que no se van a cubrir el 100% de las plazas públicas o convenidas que queden libres en los centros, pues reconoce expresamente que financiará hasta el límite del 85% de las plazas concertadas que se hallen desocupadas. Por tanto, "el bipartito de PSOE e IU en la Junta no va a dar cobertura a dependientes cordobeses a pesar de quedar plazas disponibles en las residencias de mayores", afirma Obrero.
Además, ese borrador de orden recoge que "no se va a actualizar el coste plaza conforme al IPC hasta el 1 de enero de 2015, sin olvidar que desde el 2012 el precio plaza (50,20 euros por persona/día) está congelado a pesar de que existen informes que indican que el coste plaza real está muy por encima de lo que está abonando la comunidad autónoma", precisa la popular, quien argumenta que "sube el nivel de vida, suben los impuestos, pero congela el precio de los servicios que dan trabajo a un sector importante de la población andaluza".
"LA INCERTIDUMBRE PARA LAS FAMILIAS"
La vicesecretaria del PP cordobés resalta que "lo novedoso" en este proyecto de orden es que permite a los centros residenciales cubrir temporalmente hasta el 15% de las plazas públicas que estén sin cubrir, pero "la Junta de Andalucía se reserva el derecho a exigir la disposición efectiva de estas plazas cuando lo necesite para su cobertura efectiva". Esto, agrega, "supone una incertidumbre para las familias que consiguen una plaza para el mayor en un centro residencial, porque en cualquier momento la Junta puede requerir su plaza para que otro dependiente la ocupe".
Además, indica que en el borrador se recoge que los residentes deberán aportar hasta el 90% de su pensión para costear su plaza, cuando hasta ahora aportaban hasta el 75%.
De este modo, desde el PP piden a la Junta "rigor" en política social, que "asuma sus responsabilidades y competencias", que "trabaje por los más necesitados" y que "apliquen la Ley de Dependencia como se está haciendo otras comunidades autónomas donde se siguen haciendo valoraciones y se siguen incorporando dependientes al sistema".
Al hilo de ello, cree que es "necesario" que la Junta elabore un mapa real de oferta de plazas en los centros residenciales de Andalucía y Córdoba y la demanda existente, "teniendo en cuenta las valoraciones de la Ley de Dependencia, para que ningún mayor quede fuera de estas prestaciones sociales sea cual sea su lugar de residencia", así como "una redistribución acorde a la situación real de las plazas conveniadas y públicas con los centros residenciales", apostilla Rafaela Obrero.
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