La Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido revocar un auto dictado en septiembre por la juez Mercedes Alaya en el que acordaba no adoptar medidas cautelares de naturaleza real respecto a tres imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, entre ellos el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, y ha emplazado a la magistrada a dictar una nueva resolución en la que adopte "las medidas cautelares que con libertad de criterio considere pertinentes para el aseguramiento de sus eventuales responsabilidades pecuniarias".
Así figura en un auto dictado el pasado 14 de enero, consultado por Europa Press, en el que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla estima el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de no imponer fianza civil al citado Gómez Martínez, al que fuera técnico de la Dirección General de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA, Antonio Diz-Lois, y a la abogada y exasesora de la Dirección General de Trabajo de la Junta María José Rofa.
En concreto, Anticorrupción recurrió la decisión de Alaya de no imponer fianza de responsabilidad civil a estos imputados por su "contribución" al "esclarecimiento de los hechos" y argumentó que "la colaboración o no con la acción de la Justicia no puede devenir en una situación que proporcione con respecto al resto de imputados la posible elusión de las medidas cautelares de naturaleza real".
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