Después de ocho años de pleitos contra la Consejería de Cultura, los vecinos de Las Protegidas han recibido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que desestima el recurso contencioso administrativo presentado en diciembre de 2013 por los vecinos de las comunidades 'Grupo 1060 José Antonio', 'Virgen de la Capilla' y 'La Victoria''.
Los recurrentes presentaron un recurso avalado por informes en el que se justificaba que las viviendas no tenían ninguna representatividad del Movimiento Moderno, justificado por Cultura para su inclusión en el catálogo. Los vecinos defienden que “la decisión administrativa de incluir las Viviendas Protegidas de Jaén en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz es un acto discrecional por cuanto se ampara en un concepto jurídico indeterminado como es del bien de interés histórico-artístico catalogable”. Continuaban asegurando que “la opción de catalogar las Viviendas Protegidas impone a sus propietarios un enorme sacrificio para su rehabilitación, privándoles de la posibilidad de llevar a acabo el proyecto de reurbanización planteado ante el Ayuntamiento de Jaén”.
Sin embargo, el TSJA dictamina que “la decisión administrativa de incluir las Viviendas Protegidas en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz está motivada, existiendo en el expediente administrativo datos, documentos e informes suficientes para acreditar la vinculación de las viviendas con el Movimiento Moderno”.
En su conclusión, la Sala se basa en un informe realizado por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Jaén, Pedro Galera Andreu, aportado por los vecinos, que “no circunscribe su calificación únicamente a los materiales utilizados, sino que atiende al espíritu y a la filosofía de aquel movimiento”, refiriéndose al Moderno.
El abogado que ha llevado el caso, el jienense Salvador Martín Valdivia, aclara que la inclusión en el catálogo no considera a las viviendas como Bien de Interés Cultural, como se ha dado a conocer hasta el momento, sino que la categoría es inferior.
El portavoz de los vecinos de Las Protegidas, Tomás Méndez, declara que el estado de las viviendas es lamentable, sobre todo las del 'Grupo 1060 José Antonio', y que los principales afectados son las casi 600 familias que residen en la zona.
Por el momento, no van a recurrir al Tribunal Supremo.
Los vecinos reclaman a la Junta de Andalucía atención a las viviendas, ya que no se pueden hacer responsables del costoso mantenimiento y piden el mismo trato que se ha tenido con la Escuela de Magisterio, también un bien protegido en el que se mantendrá la fachada pero en el que la Universidad está realizando obras para destinarlo a servicios de I+d+i.
Las necesidades de las comunidades residenciales superan los 22 millones de euros de inversión y la Junta ha dicho que no hay dinero.
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