Adaptarse a un mercado que ha cambiado tras la crisis y, a la par, lograr hacer viable un proyecto estancado. Con estos dos objetivos han logrado un pacto los promotores del controvertido proyecto de Los Merinos y el Ayuntamiento de Ronda. Tras varias semanas de reuniones, ese acuerdo ya ha sido definido, y pasa por una inédita modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente que, raramente, propone reducir edificabilidad y obras, cuando este tipo de modificaciones suelen perseguir lo contrario.
Los pasos han sido también acordados, según ha podido saber este periódico: la empresa va a terminar de concretar y definir cómo quedaría el proyecto; tras ello, presentarán una solicitud formal al Ayuntamiento y el Consistorio, en base al referido acuerdo, iniciará la innovación del PGOU, cuyos costes asumirían los promotores.
Estas son las conclusiones a las que ha llegado Merinos tras dos reuniones, el famoso encuentro que mantuvieron a finales de año representantes de la empresa, políticos y técnicos del Ayuntamiento de Ronda y un responsable de la Consejería de Ordenación del Territorio, en concreto el director general de Urbanismo de la Junta, Rafael Márquez; de otro lado, ha habido también una reunión con los redactores del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La vía elegida descarta además otras dos posibilidades; la modificación del plan parcial que anuló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o la inclusión del proyecto en el nuevo PGOU, extremo que resultaría mucho más complejo.
UN PROYECTO MENOR
Merinos admite con esta vuelta de tuerca a su proyecto que el mercado no aceptaría hoy día un macroproyecto de 800 viviendas. Por ello, como avanzó RONDA SEMANAL, se ha propuesto reducir la edificabilidad a la mitad, eliminando uno de los campos de golf previstos y hasta 400 viviendas. De esta manera, además, los promotores opinan que se acabará con los problemas hídricos que siempre acompañaron al proyecto de Merinos.
Entretanto, mientras se producen todos estos movimientos, Ayuntamiento y empresa siguen pendientes de la resolución del Tribunal Supremo al recurso de casación interpuesto por ambas partes tras tumbar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el plan parcial por el que la Junta de Andalucía dio luz verde a esta urbanización en 1995. Curiosamente el Gobierno regional no recurrió dicha sentencia del Alto Tribunal andaluz pese a anularse uno de sus actos, imponiendo de este modo su criterio Izquierda Unida en el gobierno de coalición. El Ayuntamiento contestó muy duramente esta decisión política.
La empresa mantendrá, por otro lado, la suspensión de los pagos al Ayuntamiento por la compra de los aprovechamientos urbanísticos del proyecto, pese al convenio que ambas partes suscribieron en 2005. Aunque el Ayuntamiento denunció el incumplimiento del acuerdo y los tribunales le dieron la razón exigiendo la continuación de los pagos, los promotores recurrieron alegando que con su decisión no sólo salvaguardan sus propios intereses, sino también los del Ayuntamiento si es que no sale adelante el proyecto y la administración local pudiera verse obligada a devolver los importes satisfechos.
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