El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una actuación de oficio dirigida a los ayuntamientos andaluces de más de 20.000 habitantes para pedir a los municipios que el importe de las infracciones de tráfico se destinen a seguridad vial y ayuda a las víctimas.
Así, y según la actuación, consultada por Europa Press, el Defensor se ha dirigido a los ayuntamientos con objeto de que asuman el compromiso que ha adquirido la Administración General del Estado para que el importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones de tráfico se destine íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas.
En este sentido, en el texto se recuerda que con motivo de la celebración, el pasado 14 de noviembre de la IV Jornada sobre Seguridad Vial, organizada por esta Institución y la Red de Fiscales de Seguridad Vial de Andalucía, con la colaboración de la Fundación Cajasol, el titular de esta Institución abogó por la necesidad de impulsar medidas destinadas al fomento de la educación vial, mejora de las infraestructuras y apoyo a las víctimas de accidentes de tráfico.
Al mismo tiempo y teniendo en cuenta el debate existente en la ciudadanía --que, en no pocas ocasiones, se ha traslado a los medios de comunicación-- en torno a si la finalidad de las sanciones de tráfico que se vienen imponiendo es --además de reprimir las conductas infractoras, prevenir la comisión de infracciones y reeducar a los sancionados en el respeto a la normativa vulnerada-- la de recaudar ingresos para financiar las necesidades de las corporaciones locales, esta Institución se planteó la conveniencia de que los ayuntamientos asuman el compromiso de destinar el importe obtenido por la ejecución de tales sanciones a fines que guarden una íntima conexión con el fomento de la seguridad vial.
Asimismo, y según se apunta en el texto, dentro de estas actuaciones se consideró como fundamentales y prioritarias, por parte de diversos intervinientes en la cita jornada celebrada en noviembre, la financiación de actividades relacionadas con la formación en educación vial.
Con esta finalidad, el Defensor afirma que ha planteado a estos ayuntamientos que "cree muy necesario que sus planes asuman este compromiso y lo recojan, como tal, en las ordenanzas de tráfico que, en su caso, estén aprobadas por los municipios o se encuentren en tramitación, sin perjuicio de su lógico reflejo en el presupuesto municipal".
Según la Defensoría, con la aplicación de esta medida "se evitará cualquier sospecha, fundada o no, de utilización de las sanciones económicas con una finalidad recaudatoria, se reforzará la financiación de las medidas mencionadas y se legitimará, aún más si cabe, la labor de los agentes encargados de velar por la seguridad y la ordenación del tráfico". "Creemos que se trata de una medida ponderada y coherente con los fines de la propia Ley de Seguridad Vial y de respeto con la actuación de los agentes que vigilan la ordenación y regulación del tráfico", concluye el Defensor.
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